El derecho a la huelga en un derecho constitucional que recoge nuestra Carta Magna y por tanto sagrado para cualquier demócrata convencido: el que quiera secundarla que lo haga y el que no, al tajo. Así de simple, libertad de elección.

Harina de otro costal son los convocantes, los sindicatos UGT y CC.OO.: tras siete años de inactividad -los últimos cuatro con una cifra de paro sangrante- deciden resucitar sin haberse cumplido ni cien días de la llegada al Gobierno de los populares. Se puede discrepar de la reforma laboral auspiciada por el señor Rajoy y su equipo, faltaría más, pero al menos están desarrollando propuestas y hemos de asumir que una flexibilización del mercado laboral es ineludible en la España del siglo XXI.  “Es absurdo continuar haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes”, sentenciaba Einstein-. Más disparatado es no hacer nada y confiar en que las circunstancias cambiarán por ciencia infusa.  El éxito o el fracaso de esta recién aprobada reforma lo comprobaremos con el paso de los meses, aunque sería insensato no dar un voto de confianza a los recién llegados si los salientes fueron indultados durante un quinquenio.

España no está para huelgas: es irresponsable desperdiciar un solo día de productividad -que conlleva pérdidas de millones de euros-. Nuestro país necesita que todos arrimemos el hombro, que nos impliquemos, que impulsemos esta economía maltrecha y mejoremos una imagen internacional desprestigiada. La clave del éxito reside en el esfuerzo, en el duro trabajo diario y en un permanente afán personal de superación; e igual es que no afino mucho el oído, que podría ser, pero hace tiempo que dejé de escuchar a los sindicatos españoles reivindicar el derecho al trabajo de los cinco millones de parados y sólo levantar la voz para protestar o movilizarse para organizar huelgas. Por cierto, sería de gran utilidad para la ciudadanía que los portavoces de los convocantes nos explicasen los beneficios de una huelga general y cuánto nos va a costar: en Grecia llevan 21 huelgas generales en los tres últimos años y están en bancarrota.

La esencia del sindicalismo no es lo que practican UGT y CC.OO. por estos lares. Su sectarismo y su apego a una opción política concreta, alejados de una necesaria imparcialidad -los trabajadores a los que supuestamente representan pertenecen a cualquier ideología, votan a todos los colores, no únicamente izquierda-, la constatación de que defienden sus propios intereses por encima de cualquier otra cosa o la sensación de que se han convertido en agencia de colocación para los suyos a costa de los bolsillos de todos, les ha llevado a una galopante pérdida de credibilidad y a un menoscabo de su influencia. A la par, se va instaurando con convicción en la conciencia colectiva que es menester que los sindicatos contemporáneos sean sustentados con las cuotas de sus afiliados y no con nuestros impuestos. Idéntico sistema debería ser aplicado también a los partidos políticos, añade la firmante. Una enmienda a la totalidad de la realidad sindical comienza a ser exigida por el españolito de a pie -¿qué me dicen de la figura de los liberados?

¿Deberían desaparecer los sindicatos en España tal y como los conocemos para refundarse desde sus cimientos? ¿Por qué salir a la calle en exclusiva por una reforma laboral y no por los millones de desempleados o por una necesaria regeneración de la democracia?