A medida que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, va revelando más datos, cada vez más graves y más sórdidos, sobre la presunta corrupción de Ábalos, Koldo y demás presuntos implicados del PSOE, se suscitan muchas sospechas y más certezas sobre las contrataciones de las empresas públicas de este país. Empresas, colonizadas por el sanchismo gobernante y sobre las que no existen luz, taquígrafos y la transparencia exigible a unas entidades que se financian con dinero público, es decir, el de todos los españoles, a los que se deben y para los que deberían trabajar.

Las investigaciones de los agentes de la Benemérita y los informes judiciales han sacado a la luz las presuntas actuaciones delictivas en los contratos laborales de las “sobrinas” con derecho a roce del exministro y ex mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. En especial en el caso de Jessica Rodríguez, contratada por las empresas públicas Ineco y Tragsatec sin que, como ella misma ha declarado en sede judicial, fuera un solo día a trabajar. Eso sí, cobraba puntualmente el sueldo y exigía a su “padrino sexual”, los cheques restaurante y las preceptivas vacaciones.

Recordar que el grupo Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, tenía un contrato de 2,4 millones para «enchufados» de Adif, la empresa de infraestructuras ferroviarias, dependiente del Ministerio de Transportes. Y que Jessica Rodríguez se incorporó a Tragsatec después de ser escogida por delante de 175 candidatos en una oferta de empleo en la que se pedía «al menos un año de experiencia en tramitación de expedientes o tareas de administración en la empresa pública y al menos un año de experiencia como administrativo en el sector ferroviario». Ella, que, según ha admitido y se comprobó después, era estudiante de odontología y que los informes de los investigadores acreditan que fue elegida por Ábalos en un catálogo de prostitutas que su ex asesor persona Koldo García tenía en el móvil.

Pero no es sólo Jessica, también se ha conocido que Claudia Montes Martínez, la que fue Miss Asturias en 2017, “formaba parte del círculo personal de Ábalos” y fue contratada por la empresa pública Logirail SME S.A, una filial de Renfe. Y se habla también de Andrea y Nicole.

Por cierto  que Óscar Puente, sucesor de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, defendió hace tres meses que los contratos de Jessica no presentaban «ninguna ilegalidad» y seguían «los procedimientos habituales». ¿Negligencia, incompetencia, complicidad o encubrimiento? Ustedes elijan.

Y al hilo de estos casos, como el del hermanísimo del presidente o la asistente de Begoña Gómez, la lógica invita a preguntarse cuantos de estos contratos fraudulentos consecuencia del concepto patrimonial del Estado del sanchismo gobernante hay en el sector público español y en las administraciones. Contratos que violan los derechos y desprecian los méritos de miles de ciudadanos y de opositores para premiar favores, adhesiones y fidelidades de amiguetes y enchufados.

Ya hace ahora un año el Tribunal de Cuentas detectó que hasta cinco empresas públicas que adjudicaron contratos durante la pandemia de forma irregular, sin el control suficiente o con deficiencias en su gestión, entre las que se encontraban las ya citadas Tragsa y Adif además de Puertos del Estado, Correos y Renfe.

Añadir a esto que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en nómina 778 altos cargos, el mayor número en democracia, y 117 más que los que mantenía en los últimos seis meses de su mandato Mariano Rajoy. Sumados estos efectivos a los contratados como asesores, la cifra se eleva a 1.573 con un coste medio de 82.000 euros netos por cabeza que como los contratos irregulares pagamos todos nosotros con nuestros impuestos.

En cualquier democracia medianamente seria la mera sospecha de estos hechos habría motivado ya una investigación y una auditoria de las empresas y las administraciones dependientes del Estado con la exigencia de responsabilidades consiguientes. Pero aquí, la sociedad está anestesiada y la oposición perdida.