La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa en la que ha presentado los datos del déficit público a cierre de 2024
Foto: LA MONCLOA

El déficit de las administraciones públicas acabó en el 2,8% del PIB a finales de 2024, al registrar 44.597 millones de euros, logrando mejorar el objetivo comprometido por el Gobierno con Bruselas y lo exigido en el marco de las reglas fiscales europeas (3%), según avanzó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación de la ejecución presupuestaria de las administraciones públicas correspondiente al año 2024. Es la primera vez desde 2018 que España cumple con las exigencias de Bruselas.

“Las cifras que presentamos reflejan el saneamiento de las cuentas públicas”, ha destacado la vicepresidenta primera, quien ha destacado que se ha conseguido pese a un contexto internacional incierto, lleno «de sobresaltos que dan más valor a los resultados que se han obtenido en España».

La también ministra de Hacienda ha confirmado que con este dato, «España, por quinto año consecutivo, ha cumplido con su objetivo de déficit e incluso ha mejorado las previsiones que tenía planteada la propia Comisión Europea».

Sin incluir los efectos de la DANA

No obstante, el 2,8% del PIB de déficit no incluye el impacto presupuestario que han tenido las medidas aprobadas para responder a los daños ocasionados por la DANA, que alcanzó los 5.590 millones. Sumado este impacto, el déficit público se eleva a 50.187 millones de euros, el 3,15% del PIB. Aunque queda por encima del 3% exigido por Bruselas, también en este caso el déficit público español se ha recortado con respecto al 3,52% registrado en 2023.

De esa cantidad la Administración Central ha asumido el 93% del coste, esto es, 5.186 millones de euros. El impacto presupuestario para las Comunidades Autónomas ha sido de 287 millones; para las Entidades Locales de 60 millones; y para la Seguridad Social, 57 millones.

La explicación ofrecida por Montero sobre el recorte del déficit público es que ha sido posible reducir “siete puntos porcentuales menos que en 2020, gracias al crecimiento económico, la creación de empleo (con el consiguiente incremento de ingresos) y las políticas de protección social». En este sentido, ha insistido, en que ha sido posible reducir el déficit sin recortar el presupuesto de sanidad o educación.

La clave ha sido la mayor recaudación

La clave principal en que se apoya la reducción del déficit ha sido el récord de recaudación logrado por las administraciones públicas. En concreto, Montero anunció unos ingresos cercanos a los 300.000 millones, un 8,4% más en 2024.  En palabras de Montero este récord de recaudación ha sido posible por “el aumento del empleo y por los mayores beneficios empresariales. Esa buena recaudación es compatible con las rebajas fiscales aprobadas para mitigar el efecto de la inflación”, precisan en el Ministerio de Hacienda.

“Se puede reducir el déficit sin recortes, aplicando políticas progresistas que mejoran la vida de la mayoría del país, con récord en becas, en gasto en pensiones…”, ha explicado la vicepresidenta primera, que además se ha referido a que la moderación de los últimos años del déficit ha servido para rebajar el endeudamiento 22,5 puntos (de deuda pública en relación al PIB) desde el máximo de 2020 por el parón económico que supuso la pandemia.

Además, reducir el déficit ha sido posible -según recordó María Jesús Montero- pese a las sentencias judiciales «por reales decretos aprobados por el anterior Gobierno del PP, que han supuesto un coste de 11.000 millones para el Estado, el 0,71% del PIB. La ministra concretó que de esa cantidad, 8.000 millones son ‘one-offs’ y solo tienen impacto negativo en 2024, no se repiten en más ejercicios”.

Por último, durante la intervención de la ministra de Hacienda también ha habido referencia a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, sobre los que ha dicho que sigue dialogando con los grupos políticos. Se mostró optimista al respecto, ya que aseguró que «cuando haya una ventana de oportunidad para presentarlos y un esqueleto pactado con las fuerzas políticas que habitualmente apoyan al Ejecutivo, se llevará el proyecto de ley al Congreso de los Diputados».