La declaración de la amante de pago de Ábalos, Jessica Rodríguez, en el Tribunal Supremo como testigo en el caso del exministro de Transportes, que también es el caso PSOE, probablemente no es la de mayor gravedad desde el punto de vista jurídico y penal contra el exministro y exnúmero dos del sanchismo, pero si la que más daño puede hacerle, y también al partido y al Gobierno, en el ámbito mediático, social y entre la ciudadanía.

Un piso de lujo, 15 o 20 viajes oficiales y contratos con dos empresas vinculadas a dos ministerios, cobrando el sueldo sin haber ido un solo día a trabajar, y pagado todo ello con dinero público, es decir, con suyo, con el mío y con el de todos los españoles a los que este gobierno nos ahoga con impuestos.

Resulta que Jessica estuvo en nómina de la empresa pública INECO, dependiente del Ministerio de Transportes, durante dos años, tiempo en el que cobró el salario sin llegar a desempeñar tareas efectivas. “Nunca me llamaron para trabajar” le dijo al Juez. Y al concluir este contrato, sobre el que el actual ministro Óscar Puente dijo no encontrar ninguna irregularidad, pasó directamente a trabajar en Tragsatec, empresa del Ministerio de Agricultura, sin realizar ninguna entrevista. Más o menos como David Sánchez, el hermanísimo del presidente del Gobierno, que tampoco sabía cuál era su trabajo, ni donde estaba situado su despacho y tampoco los nombres de sus compañeros y de sus subordinados.

Ahora no tardaremos en ver como todo el loro parque ministerial y los servidores mediáticos del sanchismo empiezan a calificar a Jessica Rodríguez como agente del Partido Popular y vinculada a Vox, a la ultraderecha y demás conspiraciones judeomasónicas contra un gobierno que presume de progresista. Que lo es, pero sólo por la forma en que progresan todos sus miembros, sus amigos y sus colaboradores, mientras el grueso de nuestro mercado laboral se caracteriza por la precariedad en el empleo y donde tener un contrato indefinido no supone tener un puesto de trabajo fijo y poder llegar a fin de mes. Con el añadido de que uno de cada cuatro españoles, 12,1 millones de personas, se encuentran en situación de pobreza o exclusión social.

Los mismos paladines del sanchismo que presumen de feministas y quieren prohibir la prostitución, pero que son de los más aficionados en acudir a sus servicios con diligencia, profusión y con el dinero de nuestros impuestos. Recordemos, además de Ábalos, el Tito Berni, los condenados por los ERE de Andalucía con el director general de la FAFFE Fernando Villa a la cabeza, el ex secretario general de Puertos del Estado, Aldama y otros imputados comentan también del ministro Ángel Víctor Torres…

A la vista de estos hechos, que muchos en Moncloa y en el partido conocían y callaban, la duda que surge ahora es ¿cuántos casos hay o puede haber similares a los de Jessica o el hermanísimo entre la inmensa legión de asesores enchufados a dedo en el Ejecutivo?  Sólo el presidente Pedro Sánchez contaba el pasado julio con 971 asesores, un récord histórico y casi 600 más que los que tenía el último gobierno de Mariano Rajoy.

Son datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que muestran también que el Gobierno del sanchismo ha comprometido entre enero y noviembre de 2024, último dato conocido, un presupuesto de 147 millones de euros para pagar las nóminas de altos cargos y asesores, sin incluir gastos empresariales e incentivos. La partida es con diferencia la mayor de la serie histórica y supone un 43% más que las obligaciones reconocidas en el mismo periodo de 2018.

Todo un despilfarro que lleva a considerar que eliminando el gasto en asesores y en subvenciones inútiles a colectivos para comprar votos, ahí tiene Sánchez una buena parte de recursos para cumplir sus compromisos con Europa y aumentar el gasto militar y en tecnología de Defensa, sin subir impuestos. Pues eso.