Que los sindicatos se manifiesten contra la oposición y no contra el gobierno que es quien propone y ejecuta es algo insólito que sólo pasa en las dictaduras y ahora también aquí en la España del sanchismo que empieza a parecerse. Un país donde los llamados sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, no sólo se han convertido en la correa de transmisión del Ejecutivo de coalición social comunista, sino que han llegado a un estado de subordinación que les convierte en un instrumento político, gregario del poder y desleal con los trabajadores a los que deberían defender.

No protestan ni se manifiestan porque los trabajadores  que perciben el salario mínimo tengan que pagar el IRPF. Tampoco protestan por la precariedad laboral en un país donde tener un contrato indefinido no supone tener un empleo fijo ni poder llegar a fin de mes. No se manifiestan por los más de 800.000 fijos discontinuos inactivos, ni por la fiscalidad abusiva, ni por la inflación desbocada, ni por tener un Fiscal General del Estado y al entorno político y familiar del presidente del Gobierno investigados por presuntas actividades delictivas. Y ni siquiera se movilizan por las cesiones del Ejecutivo a sus socios independentistas que rompen la igualdad entre los territorios y los ciudadanos españoles. No. Se manifiestan porque la oposición hace su trabajo.

Una relación servilismo está de CCOO y UGT que al margen de afinidades ideológicas o de convicciones sociales, está basada fundamentalmente sobre intereses pecuniarios y patrimoniales, bien pagadas con dinero público, el de los impuestos de todos los españoles cuando entre ambas centrales apenas superan los 2 millones de afiliados, menos del 10% de una población activa de 24,2 millones de trabajadores.

Desde que gobierna Pedro Sánchez ha financiado a CCOO y UGT con 114 millones de euros como pago por los servicios prestados a través de cuantiosas y cada vez mayores subvenciones gubernamentales, hasta el punto de que hoy ambas organizaciones sindicales suman en conjunto un patrimonio superior a 140 millones de euros.

De hecho, en diciembre pasado, el Gobierno decidió duplicar las subvenciones a las organizaciones sindicales por la realización de actividades de carácter sindical hasta 32 millones de euros, cifra que supone un máximo histórico y que duplica prácticamente los 17 millones de euros que recibían durante 2023 y 2024. Y ello a pesar de que 2025 ha empezado con una nueva prórroga de los Presupuestos de 2023, lo que teóricamente limita al Ejecutivo a la hora de ampliar partidas.

Un incremento que desde Moncloa justifican por la subida del IPC y el incremento de sus atribuciones participativas tanto a nivel nacional como internacional. Pues si nos atenemos al argumento de la inflación lo justo, lo serio y lo correcto hubiera sido subir esta subvención sindical en línea con el incremento del 2,8% que se ha aprobado para las pensiones y no ese premio gordo del 100% que apesta a nepotismo. Mientras que a nivel internacional la única aportación relevante, no a los trabajadores sino al sanchismo gobernante y asociados, ha sido la misión de Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, como correveidile de Sánchez ante el jefe Puigdemont.

También el Gobierno se va a gastar más de 5,3 millones de euros en las obras de la sede que UGT ocupa en la madrileña Avenida de América. Cierto es el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, va a asumir el coste de las reformas porque se trata de un edificio que forma parte del Patrimonio Sindical Acumulado. Pero ocurre que este mismo Gobierno en noviembre de 2021 aprobó destinar cien millones de euros de los fondos europeos para la rehabilitación energética de 42 edificios sindicales.

A esto es a lo que han llevado a CCOO y UGT el citado Pepe Álvarez y su colega Unai Sordo, desleales también con la honestidad y sensatez de sus líderes históricos, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, o de sus sucesores como José María Fidalgo, Cándido Méndez o Ignacio Fernández Toxo. Y luego se extrañan de que los trabajadores y la sociedad española demuestren con su deserción – menos de 500 personas en Madrid y 300 en Barcelona- de las convocatorias y una afiliación precaria que ni les sirven ni les representan.