Díganme si no es para creer en gafes o tener mal fario que el mismo día en que el Gobierno aprueba a bombo y platillo el decreto de reducción de la jornada labora a 37,5 horas semanales, el SEPE les reviente la fiesta con los peores datos del paro registrado en más de una década.

Un total de 38.725 parados más en enero, hasta un total 2.599.600, con una caída de 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Y eso si nos creemos las cifras oficiales porque si a los reconocidos por el Ministerio de Trabajo sumamos los 362.824 con disposición limitada, los 196.105 bajo el epígrafe de “otros no ocupados”, los 16.339 afectados por ERTES y los más de 800.000 fijos discontinuos inactivos el total de personas registradas en el SEPE y que están realmente en paro supera los 3,9 millones de personas.

Estos son los datos “particularmente esperanzadores” de los que presumía Pedro Sánchez en el “día histórico” en que la ministra que debería ser de Trabajo imponía manu militari una reducción de jornada laboral para intentar dar aire a una formación política en fase de extinción y despreciando el diálogo social que es una de las bases del sistema democrático, en el que no cree.

Resultaría inverosímil, si no fuera una realidad, que en un país con más de 3,9 millones de parados reales, donde la contratación indefinida apenas supera el 35% del total de los contratos, que tiene un millón de personas que compaginan dos o más empleos, donde la productividad ha caído un 1,9% y ya está un 20% por debajo de los países industrializados, el Gobierno y los sindicatos mayoritarios se preocupen sólo de imponer medidas demagógicas y poner palos en las ruedas de la inversión en lugar de dedicarse a crear puestos de trabajo.

Añadir a esto que la tasa actividad en España, es decir, nivel de actividad en trabajo que tiene un país, se sitúa en el 58,6%, a niveles de los años setenta del pasado siglo, a la cola de la UE y casi 17 puntos por debajo de la media de nuestros socios europeos.

Con estos datos, cualquier persona con nociones elementales de economía y que conozca o haya pisado alguna vez una empresa sabe, o debería saber, que es el aumento de la productividad lo que permite reducir la jornada y subir los salarios, mientras que imponer una reducción de jornada igual para todas las empresas y todos los sectores en un país donde el 98% del tejido empresarial son pymes y microempresas supone desajustes organizativos aumento de los costes laborales y, por tanto, un atentado contra la productividad y contra el empleo.

Recientes estudios estiman que la reducción de jornada planteada supondría un coste de 42.400 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, 11.800 millones por las horas perdidas y 30.600 millones por lo que dejaría de producirse, afectando especialmente a los sectores de transporte, comercio, hostelería e información y telecomunicaciones. Todo ello con el añadido de que los continuos cambios regulatorios, tanto en la parte fiscal como laboral, introducen inseguridad jurídica a la hora de llevar a cabo nuevos proyectos de inversión y paralizan las inversiones exteriores. Y esto en un mercado laboral que, como explican desde el Gabinete de Estudios de USO está “muy afectado por la estacionalidad y, por tanto, por la temporalidad de la relación contractual que, aunque se denomine indefinida, siguen siendo contratos de temporada”. Es decir, que como venimos reiterando desde hace tiempo, en la España del tándem Sánchez&Yoli Producciones no se crea empleo, se reparte el escaso empleo existente

Claro que ahora para que se apruebe el decreto en el Congreso Sánchez tendrá que volver a humillarse y pedir permiso a su jefe Puigdemont que aunque no gobierna en Cataluña es él quien de verdad manda en España como ha vuelto a demostrar obligando al inquilino de La Moncloa a trocear el decreto ómnibus, que sólo horas antes decía que era inamovible, y a tramitar la moción de confianza.