
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños
(Foto de archivo: Jesús Hellín / Europa Press)
El Gobierno se encuentra contra las cuerdas. Parece no afectarle mucho que España siga sin Presupuestos Generales del Estado, pero las medidas sociales son otra cosa. Este miércoles llevaba al Congreso la anunciada subida de las pensiones del 2,8% para este año, así como todas las medidas del conocido como ‘escudo social’. La última palabra, y hasta el último segundo, Junts ha tenido en vilo al Ejecutivo, pero al final le ha dicho que no obtendría su apoyo, uniendo su rechazado al de PP y Vox. El diputado de UPN se ha abstenido, y el resto de los partidos apoyaron la iniciativa gubernamental.
El desastre se cumplía y la ley ómnibus no ha salido adelante, y con ello ha quedado en suspenso la subida de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público o la prohibición del corte de suministros básicos a las personas vulnerables.
La primera consecuencia será que la subida de las pensiones del 2,8% se aplicará en enero, porque ya no hay tiempo material para que se produzca la contraorden desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), pero en febrero volverán a bajar. No obstante, el PP y Junts ya le han dicho al Gobierno que si presenta esta propuesta por separado, la apoyarán. Además de las pensiones contributivas, tampoco subirán el 6% anunciado de las pensiones mínimas y las no contributivas ni el 9% del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Asimismo, no se podrán prorrogar las ayudas al transporte público hasta junio de 2025, así como la prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios a personas vulnerables y otras ayudas para las personas afectadas por el temporal de la DANA. Será una opción que podrán aprobar las comunidades autónomas, pero sin contar con el apoyo económico del Estado.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió el voto de los diputados para la ley ómnibus por la «extraordinaria y urgente» necesidad de las medidas incluidas en el decreto. «Si votan ustedes que no a este real decreto ley están bajando las pensiones, están suprimiendo las ayudas al transporte público y no están ayudando a los afectados por la DANA en Valencia», ha sentenciado Bolaños en su turno.
El PP justifica su no por el Palacete del PNV
El PP ha justificado su voto en contra por incluir la norma una disposición que cede al PNV un palacete en París que alberga la sede del Instituto Cervantes en Francia.
Durante el debate en el Pleno del Congreso del decreto ómnibus, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha anticipado que el Grupo Popular no iba a respaldarlo, pero sin desvelar si el voto sería ‘no’ o abstención. «No vamos a respaldar un proyecto de recortes y de chantaje», ha enfatizado.
De hecho, Bravo ha emplazado al Gobierno a buscar apoyos entre sus socios parlamentarios. «Si tienen una mayoría progresista, sométase a la cuestión de confianza, si tienen el apoyo de la Cámara, presenten Presupuestos, pero si no pueden gobernar, convoquen elecciones y devuelvan el poder a los ciudadanos», ha declarado.
Momentos después de esas declaraciones, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha dicho en el debate de otro decreto que su formación iba a votar en contra de todos los textos que el Congreso debatía este miércoles. Tras esta sentencia, el PP ha confirmado su voto en contra del decreto ómnibus.
Abuso del decreto
Aunque muchas formaciones han avanzado su apoyo a la convalidación del decreto, también han dejado críticas al Gobierno por el uso «excesivo» de esta figura y por incluir en un mismo texto medidas de diferente índole.
En el turno del Grupo Mixto, Cristina Valido de Coalición Canaria ha señalado que esos dos hechos dificultan fijar posición al resto del hemiciclo y someten a la sociedad a la «angustia» de no saber si las medidas van a salir adelante o no. En lo que respecta al BNG, Néstor Rego ha reprochado al Ejecutivo utilizar el decreto «con excesiva frecuencia».
Por parte de EH Bildu, Mertxe Aizpurua ha subrayado que la ciudadanía «no debe pagar por los cálculos partidistas de unos y otros». «Si no suben las pensiones, si caen los descuentos en el transporte público, si no se prohíben los cortes de suministros básicos y los desahucios de familias vulnerables, quien pierda será la ciudadanía», ha dicho desde tribuna.
En el turno de Esquerra Republicana (ERC), Inés Granollers ha afeado al Gobierno «poner de todo» en un mismo decreto, lo que obliga a los grupos parlamentarios a tener un debate «muy importante» sobre el sentido de su voto en un paquete de medidas que aceptan a temas «muy relevantes» de los ciudadanos en su día a día.
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