Sin mayoría parlamentaria, agobiado por los problemas judiciales, sometido a los caprichos y veleidades de sus socios de la Frankestein y claudicante ante las órdenes de Puigdemont, el gobierno de Pedro Sánchez afronta el año 2025 como un cheque sin fondos. Es decir carente de recursos, apoyos, garantías, soluciones y posiblemente sin presupuestos para gobernar.

Un gobierno y una presidente que tratarán de sobrevivir al año que se inicia condicionados en lo político por el chantaje permanente de Puigdemont, de los nacionalistas y el resto de los enemigos de España, entregando la dignidad y la igualdad entre los españoles. Acosados en lo judicial por la evolución de los casos de las presuntas corrupciones de la esposa del “número uno”, Begoña Gómez, del hermanísimo artista, de su fiscal general del Estado y de su exnúmero dos en el Ejecutivo y el PSOE, José Luis Ábalos con varios ministros implicados. Y en el terreno de la economía despilfarrando el gasto público, aumentando la deuda y el déficit, atacando a las empresas, saqueando fiscalmente a los ciudadanos y cocinando las cifras de empleo y crecimiento.

Un gobierno bloqueado que en 2024 ha batido el récord de menos leyes aprobadas desde 1978 y que inicia 2025 con 32 leyes paralizadas en el Congreso, una decena de las cuales afectan a compromisos con la UE para recibir los fondos europeos. Un capítulo este el de los dineros de Bruselas, en el que el sanchismo ha cerrado el año recién finalizado con la peor ejecución de los fondos Next Generation habiendo entregado sólo 7.538 millones de euros, el 22% del total comprometido, con datos de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE).

Un dato negativo que se repite por tercer año consecutivo, que refleja incapacidad, ineficacia y negligencia en la gestión los fondos recibidos, con el añadido de la espada de Damocles que supone la obligación de tener que devolver en 2026 todo el dinero que no se haya ejecutado.

Un gobierno que nos ha felicitado el nuevo año con 12 subidas de impuestos, desde el IVA de los alimentos básicos hasta la electricidad, pasando por la nueva tasa de basuras, el gravamen a los cigarrillos electrónicos, las subidas de los tipos sobre el ahorro, que pasan del 28% al 30%, y sobre los beneficios extranjeros de grandes empresas. Eso además de la supresión de beneficios fiscales como los que afectan a la compra de coches eléctricos, a las reformas energéticas y la llamada tasa de solidaridad para la sostenibilidad de las pensiones que no es solidaria porque es obligatoria.

Un nuevo atraco fiscal que se estima en 60.000 millones de euros de recaudación adicional y que  los expertos estiman puede suponer un gasto adicional medio de 300 euros mas al año para los hogares españoles por obra y gracia de un Gobierno que, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa nos ha esquilmado con 93 subidas fiscales, que nos han costado 2.2000 euros por hogar, mientras once de los Estados miembros de la UE rebajaban la presión fiscal sobre sus ciudadanos.

Eso en un país donde los españoles tenemos el mayor esfuerzo fiscal  de la Unión Europea, que es el indicador que mide el porcentaje de impuestos que pagan los ciudadanos en relación con su renta per cápita. En concreto, nuestro esfuerzo fiscal es  un 17,8%, superior a la media de nuestros socios de la UE.

Y, para mayor escarnio, Sánchez impone esta subida fiscal cuando acabamos de conocer el desplome del salario más habitual en nuestro país: 14.589 euros brutos anuales, que perciben el 42% de los trabajadores y suponen 4.000 euros menos que en el año pasado. Que España es también el país europeo en el que más ha caído la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo, con una renta per cápita que está un 14% por debajo de la media europea, mientras que nuestro poder de compra ha caído en 5,5 puntos entre 2019 y 2023. Pues eso, que con Sánchez los españoles somos más pobres, pagamos más impuestos, tenemos más parados y peores servicios. Tal cual.