La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra que dicen de Trabajo, Yoli la de los cohetes, ha vuelto a aplazar su amenaza de imponer manu militari la reducción de la jornada laboral, vulnerando y despreciando el diálogo social y la autonomía de las partes. La catástrofe de la DANA ha servido a la ministra como excusa, aunque la verdadera razón de su renuncia está en la negativa rotunda de la CEOE y, sobre todo, en que carece de los apoyos parlamentarios suficientes, por el rechazo a la propuesta de algunos socios de la Frankestein como el PNV Junts per Cat.

Como recuerda el último comunicado conjunto de CEOE y Cepyme, “modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución.

Una propuesta esta de la jornada laboral de 37,5 horas semanales que parece más encaminada a intentar tapar la crisis de SUMAR, una coalición en fase de extinción, y que dista mucho de responder a las necesidades del precario mercado laboral de este país y cuando el principal problema de la economía española es su baja productividad.

Los datos de los servicios de estudios privados y de la Unión Europea muestran como el déficit de la productividad laboral entre España con el resto de países del entorno se ha ampliado en la última década, hasta situarse en un diferencial del 19,4%. Deficiencia que no sólo está deteriorando la competitividad de nuestra economía, sino que puede poner en grave riesgo la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar.

Pagar menos horas y mantener los salarios supone una subida adicional al aumento de los costes laborales que están creciendo al mayor ritmo de los últimos 24 años asfixiando, junto a los impuestos abusivos, a las pequeñas y medianas empresas que suponen más del 98% de nuestro tejido empresarial, que aportan el 70% del empleo nacional y que difícilmente podrían afrontar la situación por lo que se verían obligadas a despedir trabajadores o al cierre del negocio.

Recientes estudios estiman que la reducción de jornada planteada supondría un coste de 42.400 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, 11.800 millones por las horas perdidas y 30.600 millones por lo que dejaría de producirse, afectando especialmente a los sectores de transporte, comercio, hostelería e información y telecomunicaciones.

Este es el sentido democrático, la defensa de los intereses nacionales y la forma de entender la solidaridad de una ministra y de unos sindicatos en el país que lidera el desempleo de la UE, con más de 3,5 millones de parados reales. Nada de políticas para fomentar la creación de puestos de trabajo, nada de mejorar la precariedad en el empleo y, por supuesto, nada mejorar los niveles de formación y tener profesionales cualificados es esencial para poder frenar la baja productividad, así como frenar el absentismo. Sólo intervencionismo, demagogia y parches para repartir el escaso empleo existente.

Y hablando de demagogia, fraudes solidarios y utilización de las víctimas ahí están las campañas lanzadas por el PSOE en redes sociales para responsabilizar del desastre al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuyos errores en la gestión de la DANA son muchos y muy graves, tantos y tan graves como los de Sánchez y el gobierno del Estado. Campañas que, lógicamente, han sido bien pagadas con un dinero que no han querido destinar a aliviar a los damnificados.

Y en la misma línea el apoyo verbal, que no real, de los llamados sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, convocando un paro de diez minutos en todas las empresas y organismos del país, aunque ni uno sólo de sus dirigentes se ha desplazado a las zonas afectadas para arrimar el hombro. Será que eso de trabajar no está en su ADN y les repele. Y Tampoco se conoce que hayan destinado cantidad alguna de dinero, será que el marisco está muy caro últimamente. Será.