Ante la dramática catástrofe de la DANA en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía y sus trágicas consecuencias en vidas humanas son muchas y variadas las voces que empiezan a hablar de “estado fallido”, en referencia al actual sistema de administración territorial y de gobierno sin reparar en que más el fallo no ha sido del Estado, sino de las personas que actualmente lo dirigen o deberían dirigirlo que, una vez más, han vuelto a dar una demostración de incompetencia, aunque esta ocasión con consecuencias tan terribles como inexplicables.

Hasta una semana ha tardado el Gobierno en aprobar la declaración de zona catastrófica y en convocar al Consejo de Ministros. Hasta una semana en elaborar un plan de ayudas a los damnificados que llega tan tarde como tardaron en dar los avisos de emergencia, en movilizar a las fuerzas armadas y en enviar los servicios de rescate.

Una demostración de incompetencia y de inmoralidad que empezó con la impúdica decisión de la presidenta del Congreso, de la lanar bancada socialista -con diputados valencianos- y de sus socios de la Frankestein que impasibles ante las víctimas del cataclismo, en ese momento eran ya 51 las víctimas mortales, se negaron a suspender la sesión plenaria de la Cámara y aprovecharon los ecos de la tragedia que asolaba a sus conciudadanos para culminar su asalto a RTVE.

Impudicia que demostró también un Gobierno, más preocupado de consumar la ocupación de la radio y la televisión públicas que de activar los protocolos de seguridad nacional, y un Presidente que no sólo no impidió la votación, sino que emitía su voto telemático en la Cámara mientras aparentemente compungido difundía un mensaje de solidaridad y ofrecía ayudas sin concretar a los damnificados para terminar insultando a los mismos damnificados que había abandonado calificándoles de grupos violentos de la ultraderecha.

Una bajeza moral y un servilismo al caudillo de Moncloa que evidenciaban también las palabras del portavoz socialista, Patxi López, cuando justificaba su ignominia afirmando que “si los trabajadores están trabajando los diputados también”, pero que llegaban a su máxima degradación en la boca de Aina Vidal, vocera de SUMAR, cuando afirmaba que “los diputados no estamos para ir a Valencia a achicar agua”.

Declaraciones ambas repugnantes que reflejan el profundo desprecio que estas gentes tienen a la institución parlamentaria y a los ciudadanos que les votan. Y todo para asegurarse la colonización de la radio y la televisión pública que ahora se pone al servicio del sanchismo autocrático y se reparte con sus socios populistas, independentistas y filoterroristas, cuando debería ser de todos porque la pagamos y mantenemos entre todos con nuestros impuestos.

Un esfuerzo fiscal, el mayor de todos los Estados miembros de la UE, que este Gobierno que ha demostrado tamaña incompetencia y desidia en la gestión amenaza ahora con ampliar, planteando un paquete fiscal que prevé la creación de dos nuevos impuestos, uno trienal sobre la banca y otro sobre los líquidos de los cigarrillos electrónicos, y subidas en IRPF e Hidrocarburos. Además de otro sablazo en el Impuesto de Sociedades para seguir asfixiando a las empresas, deteriorando gravemente la competitividad y destruyendo puestos de trabajo. Impuestos que, apuesten, no va a ir a las víctimas de la tragedia de la DANA sino pagar el peaje de Pugdemont, Esquerra, Bildu y PNV. Como dice sabiamente el refranero, “de aquellos polvos, estos lodos», y los lodos del domingo en Paiporta tienen su origen en los barros del Congreso.

Quien esto escribe que ha sido durante muchos años cronista parlamentario, que vivió dentro del Congreso el innoble y vergonzoso asalto de Tejero aquel 23-F contemplaba este domingo la cobarde y deshonrosa huida de Pedro Sánchez abandonando a los Reyes y a Mazón, mientras recordaba la imagen presidencial y memorable de Adolfo Suárez sentado impertérrito en su escaño haciendo frente a los disparos de los golpistas sediciosos. Así, dando la cara, como hicieron Felipe VI y la reina Leticia, es como se defienden la dignidad del cargo, la decencia personal y los valores democráticos.