El caos ferroviario padecido el pasado fin de semana en las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, con 20.000 pasajeros afectados y 22 trenes de Renfe cancelados, ha sido el corolario a la gestión lamentable de un gobierno que desde sus inicios se ha caracterizado por su incapacidad para gestionar, pero que ahora parece haber desertado de sus obligaciones y compromisos para centrarse casi en exclusiva en intentar aguantar en el poder, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, y con un presidente acorralado por los problemas judiciales de su mujer, de su hermano y del que fuera su número dos en el partido y el Gobierno.

Cuando un presidente o un ministro se preocupan de sus problemas familiares con la Justicia o de su lucro personal no están en la gestión, están en otra cosa. No atienden ni entienden a los problemas de los ciudadanos a los que deberían servir y no servirse, mientras ponen a todas las instituciones del Estado al servicio del inquilino de La Moncloa y de su cónyuge.

Renfe, Adif, Correos, el CIS, las listas de espera sanitarias, son sólo algunos de los ejemplos más claros de gestión deplorable de sus directos gestores la mayoría de ellos amiguetes y nombrados a dedo sin la preparación y el conocimiento suficiente, además de la dejación de funciones o consentimiento de los responsables políticos que les nombraron y debería supervisarlos.

Y es cierto que el actual responsable de Transportes, el “bello” Óscar Puente, no es el principal responsable del actual caos ferroviario. La crisis de los ferrocarriles en España tiene origen desde ámbito de la gestión en la liberalización del servicio sin tener previamente las infraestructuras necesarias para el aumento del tráfico y la competencia. Y, desde el ángulo de la política a nadie se oculta que este desastre no es ajeno a que el ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos sea el epicentro de la corrupción que afecta directamente al Gobierno y al PSOE.

De lo que si es responsable principal y directo Óscar Puente es de no solucionarlo. Por desidia o por incapacidad, porque la principal función para la que fue nombrado es para ser el mamporrero de Sánchez, sin tener en cuenta su capacidad o competencia, y a eso es a lo que se ha estado dedicando.

Y mientras los ciudadanos sufrimos las consecuencias de tanta torpeza y nulidad, el gobierno del sanchismo nos amenaza con un nuevo atraco fiscal y se compromete en Bruselas a convertir en permanente el impuesto a la banca y a las energéticas, que se puso en marcha de manera temporal, se convierta en permanente, obviando que, como se explica en los manuales más elementales de economía, cuando un gobierno sube los impuestos para pagar el aumento desmesurado del gasto público expulsa la inversión y empobrece el país.

Decisión que aumenta la inseguridad jurídica entre los inversores y que ya ha provocado la fuga de inversiones de Repsol que deja en el aire el futuro de sus cinco refinerías en España al congelar 1.500 millones de inversión por el impuestazo y no garantiza ningún proyecto verde en España tras llevar un primer electrolizador a Portugal. Y no serán los únicos porque como advierte el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, el populismo fiscal  compromete el futuro de la industria en España, mientras Cepsa apunta a seguir el camino de su competidora, el mismo que ya inició el año pasado Ferrovial y con la multinacional de infraestructuras otra treintena de compañías españolas  que motivos operativos, financieras y fiscales ha mudado sus cuarteles generales a países como Malta, Portugal, Delaware (EEUU), México, Andorra, Holanda y Suiza.

En la misma línea de Josu Jon Imaz, la patronal catalana Foment del Trebal alerta también de que este golpe fiscal se convierte en un elemento desestabilizador entre los territorios y la libre competencia y resta competitividad a la industria local frente a operadores que producen fuera de España o importan a la Unión Europea. Eso con el añadido de que mantener el impuesto a las energéticas y a los bancos al final lo pagaremos nosotros, los consumidores, porque el sobrecoste fiscal lo repercutirán en los precios de los combustibles, en el recibo de la luz, en las comisiones por servicios bancarios y en la rebaja de los intereses, con el consiguiente impacto inflacionista. Pero eso, a ellos les da igual. Viajan en Falcon, en coche oficial y viven gratis.