Ahora la clase política se ha despertado que en España hay un problema grave en la vivienda. La especulación, los grandes tenedores, el estoc de pisos vacíos propiedad de las entidades bancarias, los pisos turísticos, desahucios. viviendas vacías que en algunos casos son propiedad de los mismos ayuntamientos fruto de herencias o impago de impuestos…

Todo ello crea el gran problema que para muchos jóvenes no puedan acceder a una vivienda, bien en propiedad o en alquiler. Muchos pertenecen a la llamada clase media, con estudios o una preparación cualificada que en otras épocas no tenían problemas para estructurar su vida. El Instituto Nacional de Estadística acaba de hacer público que el salario medio anual de un trabajador en España era en 2022 de 26.484,87. Si descontamos los impuestos, el líquido que le queda a una persona se reduce considerablemente. Y evidentemente no todos logran ingresar estas cantidades

O sea que la juventud se ve obligada a vivir en pareja para sobrevivir y aun así ha de destinar una parte importante de su salario a un alquiler que en las grandes ciudades se acerca a los mil euros, con lo que sus gastos cotidianos (alimentación, vestidos, servicios…) tampoco son insignificantes.

Ahora el presidente de la Generalitat promete la construcción de 50.000 pisos de viviendas sociales en los próximos diez años, además de incrementar sensiblemente la presión fiscal a los grandes tenedores o los propietarios de pisos vacíos y combatir los lucrativos pisos turísticos.

Suponiendo que estos buenos propósitos se cumplan, mejor esto que nada, pero de alguna manera es un parche en un problema grave. Claro que es mucho más espinoso promover que los jóvenes puedan volver a tener una capacidad adquisitiva que les posibilite que tener una vivienda no sea un lujo fuera de sus posibilidades, por lo que no son pocos cuyas perspectivas de futuro pasan por cruzar la frontera donde las condiciones laborales les son más beneficiosas.

Un ejemplo claro es la falta de personal en el sector de la hostelería en las temporadas turísticas, donde en muchas ocasiones el salario que reciben no les da ni para el alojamiento mientras los propietarios tienen grandes ganancias y tratan de cubrir su falta de personal con emigrantes con papeles. Claro que cada vez que el Gobierno propone negociar las rentas salariales mínimas, la patronal pone el grito en el cielo pese a que muchas empresas tengan unos beneficios anuales que superan los mil millones.

Si los salarios se adecuaran al coste de la vida, solucionaríamos no pocos problemas, pero quien se atreve a ponerle el cascabel al gato…