Mientras el gobierno de Portugal anuncia una batería de rebajas fiscales a empresas y trabajadores, entre las que destacan las exenciones de hasta el 75% en el IRPF para jóvenes menores de 35 años, con el objetivo de acabar con la fuga del talento joven, aquí en España el gobierno sanchista se dedica a subvencionar el ocio mediante el bono cultural joven y  pregonar a bombo y platillo el reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler.

grave a España donde, con datos de un reciente estudio del Instituto de Investigaciones Económicas (IVE) y BBVA, cada mes emigran de nuestro país 35.000 jóvenes con estudios, y subiendo. En total fueron 426.000 los jóvenes con estudios que se fueron de España en el año 2022, frente a los 318.000 que lo hacían en 2018. Fuga de cerebros que los autores del estudio estiman que supone una pérdida de 155.000 millones de euros en valor de capital humano, añadido al coste invertido en formación.

La búsqueda de desarrollo personal y profesional y de mejores oportunidades laborales son las razones que esgrimen estos jóvenes para emigrar. Oportunidades que no encuentran en este “progreso económico  social de España”, del que presumía la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una reciente intervención en el Congreso, tan esperpéntica e insustancial como es habitual en ella.

Progreso económico y social que sólo existe en los sueños húmedos de la ministra y de sus compañeros de Gabinete, pero que desmienten una y otra vez las cifras reales de nuestra economía, nuestro mercado de trabajo y de exclusión social.

Cómo hemos reiterado en múltiples ocasiones desde esta tribuna, la realidad de la economía española revela un aumento disparatado del endeudamiento de las administraciones públicas, hasta alcanzar 1.625.000 millones en junio equivalentes al 108,2% del PIB,  con  impúdico incremento del gasto público que supera los 80.000 millones de euros anuales, el mantenimiento de los desequilibrios fiscales y una recuperación del PIB más superficial que real.

Afirmación esta que se comprueba si vemos que el avance del PIB nominal del 0,8% en el segundo trimestre y del 2,9% en comparación interanual se sustenta sólo sobre la masiva llegada de turistas, la fortaleza del mercado inmobiliario y la llegada de los fondos Next Generation, al tiempo que se constata una creciente desaceleración del consumo privado y una inversión en caída libre que está tres puntos por debajo de 2018.

Añadir a esto que España lidera el desempleo de la UE con 3,5  millones de parados reales, que somos el país europeo en el que más ha caído la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo, con una renta per cápita que está un 14% por debajo de la media europea y el poder de compra de los españoles ha caído en 5,5 puntos entre 2019 y 2023. Además de que la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, sitúa a España entre los cinco peores países de Europa en condiciones de vida y entre los cinco con mayor riesgo de pobreza o pobreza severa.

Estos son los logros de los que presumen Sánchez, sus ministros y sus corifeos, frente a los que Portugal anuncia un crecimiento del 1,8% de su economía para este año por encima de sus anteriores estimaciones, y anticipa un superávit presupuestario del 0,4 % del PIB para este ejercicio en un contexto de estabilidad laboral.

El peso de la deuda pública de Portugal se situó en el 100,5 % del PIB en el primer trimestre de 2024, y tasa de paro del 6,4% la mitad que la reconocida en España, con un aumento del 6,24% por ciento en la inversión extranjera que contrasta con desplome del  58% de la entrada de inversiones exteriores en España desde que está Pedro Sánchez al frente del gobierno. Flujo bruto que se situó en el primer semestre de 2024 en 11.762 millones de euros, frente a los más de 28.000 (28.175) del mismo periodo de 2018.

Tanto con el actual  gobierno conservador de Luis Montenegro, como con el anterior del socialdemócrata -este sí lo es- de Antonio Costa, Portugal no sólo ofrece incentivos fiscales y apoyo a las empresas sino que es un ejemplo de estabilidad política, seguridad jurídica y coherencia económica. Pues eso, menos mal que nos queda Portugal.