El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey presidió la reunión para reformar la jornada laboral
Foto: MINISTERIO DE TRABAJO

Las espadas siguen en alto. Este viernes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha vuelto a reunirse con los representantes de empresariales de CEOE y Cepyme, y de los sindicales de CCOO y UGT en su proyecto de reducir la jornada laboral a 37,5 horas a partir de 2025. Ante la oposición de las patronales, Pérez Rey acudió con una nueva propuesta para que los empresarios acepten reducir la jornada laboral: bonificar la conversión de contratos parciales a comtratos a tiempo completo, que afectaría sobre todo a las empresas de menos de 10 trabajadores para que también puedan aplicar esa reducción.

Estas bonificaciones se incluirán en el Plan Pyme 375, según ha concretado Pérez Rey, y vendrían a añadirse a las bonificaciones de los contratos indefinidos realizados por las pymes con una plantilla inferior a 10 trabajadores, así como a los planes de asesoramiento y guías sectoriales que tengan en cuenta las características de cada actividad productiva de los que se encargarán los servicios públicos de empleo. Estas dos últimas medidas ya se habían explicado a los agentes sociales en reuniones anteriores de la mesa de negociación.

El número dos del Ministerio de Trabajo ha explicado que las bonificaciones a los contratos a tiempo completo beneficiarían, sobre todo, a las pymes del comercio y la hostelería. Y explicó la intención de «impulsar el empleo de calidad y vamos a impulsar que la reducción de jornada sea un estímulo para la creación de empleo. Pero no sólo queremos incentivar la creación de nuevos empleos indefinidos derivados de la reducción de jornada, sino que lo que queremos hacer es también estimular que los contratos a tiempo parcial puedan transformarse en contratos a tiempo completo como consecuencia de la reducción de jornada», ha subrayado Pérez Rey.

Precisamente, los contratos parciales se concentran sobre todo en las pymes del comercio y la hostelería, por lo que su conversión a tiempo completo, además de favorecer la reducción de la jornada, también se convierte en una oportunidad para crear más empleo, y acabar con los contratos de corta duración.

Serán los agentes sociales los que deberán responder a esta nueva propuesta, aportando sus «consideraciones» sobre cuál debería ser la cuantía para evitar que las bonificaciones se conviertan en un peso muerto», ha explicado Pérez Rey, quien se ha puesto a disposición de empresarios y sindicatos para diseñar esas nuevas bonificaciones.

De momento, en el texto entregado a los agentes sociales también se concreta que as bonificaciones para ayudar a las empresas de menos de 10 trabajadores a reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas durarán, como máximo un año, se podrán solicitar en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la nueva jornada, serán mayores si los contratos que realicen como consecuencia de la rebaja de jornada se firman con mujeres, jóvenes menores de 30 años y trabajadores mayores de 55, y estarán condicionadas al mantenimiento del empleo durante tres años.

Prioridad al registro horario para reducir la jornada

Desde el Ministerio de Trabajo se explica que el registro del horario de la jornada laboral será básico para que se cumpla la normativa que se apruebe para reducir las horas de trabajo. Pérez Rey ha confirmado que ya se ha pactado con los agentes sociales para su incorporación al texto final el registro horario para la reducción de jornada, junto con el Plan Pyme 375 y el derecho a la desconexión digital. Estos pilares serían -explicó el responsable de Empleo- el «perímetro de la negociación» trasladados por escrito a las organizaciones empresariales y sindicales.
Detallando cómo se realizará el registro horario, el secretario de Estado, concretó que dicho registro será electrónico para que no se puede manipular y para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puedan verificar el cumplimiento de la ley de reducción de jornada.

Por este motivo, Pérez Rey insistió en que «es evidente que una obligación como la del registro horario necesita un desarrollo reglamentario mucho más extenso, que tenga en cuenta las singularidades sectoriales, las particularidades de cada uno de los trabajadores o que, de algún modo, tenga en cuenta que puede haber incluso algunas categorías donde el registro tiene que funcionar de una manera diversa». En este sentido, ha confirmado que hace algunas semanas se constituyó un grupo de expertos para que ayude en ese desarrollo reglamentario.

«Hemos encargado a algunos profesores expertos en esta materia que nos puedan servir de ayuda para establecer ese desarrollo reglamentario, que obviamente es un desarrollo cuyos trabajos nosotros ya hemos comenzado y que pretendemos ir avanzando para que, en la medida de lo posible, podamos combinar la reducción de jornada de 37,5 horas con su plena eficacia», ha asegurado.

UGT acude a la UE por la intención de CEOE de aumentar las horas extras

En paralelo a la negociación con el Ministerio de Trabajo, alguno de sus actores están moviendo ficha, ya que UGT ha ratificado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales su escrito de reclamación colectiva contra el Gobierno por el incumplimiento de la Carta Social Europea en lo que se refiere a la retribución de las horas extraordinarias en España y ha rebatido en un nuevo escrito las observaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez a su denuncia ante Estrasburgo. En concreto, consideran que el Gobierno no ha actuado efectivamente ante la petición de subir las horas extraordinarias que se puso sobre la mesa de negociación para reducir la jornada laboral.

Y lo que es mucho peor. Según el sindicato que dirige Pepe Álvarez, el Gobierno  ha «silenciado» que la CEOE pidió incrementar las horas extra a cambio de aceptar la reducción progresiva de jornada. «Aunque se ha rechazado sindicalmente, sí evidencia que, en España, la normativa y la práctica incentivan las horas extras por su bajo precio y escaso control«, según explica UGT.