Siempre me ha llamado la atención esa obsesión insana que tienen todos los totalitarismos por expoliar fiscalmente a los ciudadanos a los que avasallan para manejar, en función de sus prejuicios, intereses y lucro personal los dineros ajenos, que ellos no ganan, pero usurpan, vulnerando los principios democráticos constitucionales de inalienabilidad e inembargabilidad.

Y en cumplimiento de esta obstinación despótica y empobrecedora la ministra Yolanda Díaz, que lo es de Trabajo en el país que lidera el desempleo de la UE, pone ahora sus ojos de presa en la educación y en la sanidad privada para los que propone subir el IVA del 0% actual al 21% como si fueran artículos de lujo. Una propuesta que, lejos de mejorar la calidad de estos servicios esenciales, sólo va a suponer perjuicios para los docentes, los escolares, los sanitarios y los pacientes deteriorando el servicio público y empeorando de la atención y las enseñanzas recibidas.

El desvío de la demanda educativa y sanitaria de los centros, consultas y hospitales privados por el consiguiente aumento de los precios que la mayoría de los usuarios actuales no van a poder pagar derivará en una sobrecarga del sistema público. Es  precisamente gracias a la sanidad privada por la que se derivan pacientes para desahogar las listas de espera de la pública y cuya desaparición o reducción de usuarios se traducirá en mayor sobrecarga para el personal médico y asistencia, largas listas de espera, además de un incremento del gasto en los servicios públicos que será equivalente, si no superior, a los ingresos que se puedan obtener por el asalto impositivo.

En definitiva, más gasto, más deuda y peores servicios, además de una contradicción e hipocresía porque los mayores usuarios de la sanidad y la educación privadas  son precisamente los políticos de estos partidos de la izquierda de caviar que destierran la socialdemocracia y arruinan el estado de bienestar allí donde tienen alguna capacidad de desgobierno.

Yolanda Díaz, la de los cohetes y algoritmos, debería saber en España “la sanidad privada es usada por más de 12 millones de españoles, más de la cuarta parte de la población, que disponen de un seguro o que se lo pagan de su bolsillo y que, por supuesto no son ricos en su inmensa mayoría, sino trabajadores y familias que gracias a sus políticas están cada día más empobrecidas.

Plantea también la ministra que el impuesto a la banca y a las energéticas, que se puso en marcha de manera temporal, se convierta en permanente.

Además, la ministra de Trabajo quiere reducir de tres a un millón de euros el límite para los que están obligados a pagar el impuesto a las grandes fortunas, otro impuesto que se puso en marcha de manera temporal por la pandemia y que ya es permanente. Propone también crear un nuevo impuesto que llama de solidaridad a las grandes herencias, que afectaría a las personas que hereden más de un millón de euros,  excluida la vivienda habitual. También propone un nuevo tramo en el IRPF para rentas superiores a los 150.000 euros anuales y subir el IVA a los alquileres turísticos hasta el 21%.

Y mientras ella se dedica a pensar como seguir exprimiendo a los españoles el mercado de trabajo, que es el área de su competencia y del que debería ocuparse, sigue no sólo sin barrer, sino cada día más contaminado, con 3.889.654 parados reales, es decir que no tienen ocupación o están desempleadas, que son 1.317.533 personas más que las que el gobierno reconoce en los datos del paro registrado. España sigue liderando el desempleo de la UE, duplicando la tasa de la Unión y también de la OCDE superando a Grecia y a Turquía.

Como acertadamente afirma Nicolás Redondo Terreros en su libro No me Resigno los neocomunistas, Yoli los es y ejerce, desprecian la libertad individual y “están ideológicamente incapacitados para ofrecer proyectos alternativos. Intentan convertir un sistema de solidaridad razonablemente eficaz en una inoperante organización de beneficencia, basada en la discrecionalidad más absoluta”. Amén.