
María José Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda
Foto: POOL MONCLOA/ Borja Puig de la Bellacasa
El déficit público consolidado de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social –incluida la ayuda financiera– ha cerrado el mes de julio en el 2,34% del PIB, por encima del 2,27% registrado en el mismo periodo de un año antes, con 37.099 millones de euros, un 8,9% más, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado.
Solo las cuentas del Estado -sin comunidades ni ayuntamientos- del déficit alcanzó los 38.807 millones de euros hasta agosto, un 6,4% más que en los ocho primeros meses de 2023. Esta cantidad supone el 2,45% del Producto Interior Bruto (PIB), dos décimas más que en el mismo periodo del ejercicio pasado.
«Este resultado se ha visto afectado en gran medida, por liquidación definitiva del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales correspondiente al ejercicio 2022, practicadas en julio de 2024, suponiendo un aumento de déficit para el Estado de 13.523 millones», explican desde Hacienda.
Por lo que respecta a los ingresos del Estado, el 82% procedieron de la recaudación de impuestos. Vía impuestos, el Estado recaudó 143.683 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior. En total, los recursos del Estado ascendieron hasta los 176.273 millones de euros.
De los recursos procedentes de la recaudación de impuestos, por IVA se recaudaron 60.033 millones procedentes de los tributos sobre la producción e importaciones, que aumentaron un 6,8%. También aumentaron, un 28,9% (hasta los 277 millones recaudados) los ingresos por el Impuesto sobre determinados Servicios Digitales; y un 6,3% más por el Impuesto sobre Primas de Seguro (hasta los 1.570 millones).
La partida más cuantiosa de los ingresos por impuestos se corresponde con la recaudación de renta y patrimonio, que se incrementó un 7,4% con respecto al mismo periodo de 2023, hasta alcanzar los 63.076 millones. De ellos, 36.370 millones se correspondió a la recaudación por IRPF, un 9,75% más, a los que habría que sumar otros 2.723 millones procedentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (un 4,9% más). También, Hacienda recaudó 140 millones por los impuestos sobre el capital y otros 4.504 millones por cotizaciones sociales.
En paralelo, los empleos no financieros –gastos– del Estado se han situado en 215.080 millones, cifra superior en un 6,5% a la registrada en los ocho primeros meses de 2023. La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, que representa en torno al 63% del total de empleos no financieros. En concreto, hasta el mes de agosto ascienden a 136.363 millones, un 7% más que el año anterior.
Se redujo el déficit de las comunidades autónomas
Por su parte, el déficit de las administraciones autonómicas se redujo un 56,8%, hasta los 1.419 millones de euros. Eso equivale al 0,09% del PIB, frente al déficit del 0,22% del año anterior, y es el resultado de «un aumento de los gastos del 6,9%, mientras que los ingresos se incrementan en un 8,4% respecto a julio de 2023», como informan desde la cartera de María Jesús Montero.
Ka Administración Regional recibió 77.061 millones. Del total de trasferencias, 69.899 millones de euros correspondían al sistema de financiación, de los que 53.261 millones eran las entregas a cuenta y el resto respondían al efecto en el gasto de la liquidación definitiva de 2022, como detalla Hacienda.
En el caso de los fondos de la Seguridad Social, se presentó un superávit a 4.033 millones de euros en julio, un 1,9% menos que en el mismo mes del año anterior. Esta partida representa un 0,25% del PIB. Otros 1.757 millones son del superávit del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a los que se suman 191 millones de euros del FOGASA. Los Fondos de la Seguridad Social se llevaron 30.983 millones, un 4% más que en 2023, de los que 30.872 millones fueron para el Sistema de la Seguridad Social.
En cuando a la Administración Local, se destinaron 20.520 millones de euros y, de ese monto, 19.059 millones correspondían a su participación en los ingresos del Estado, un 25,9% más que el año precedente.
Para pagar a los funcionarios se destinaron 13.695 millones, un 4,7% más.
Una de las partidas que ha incrementado el déficit del Estado ha sido la destinada a abonar las nóminas de los funcionarios. Como explica el Ministerio de Hacienda, «la subida salarial prevista para 2024 del 2%, con efectos desde el 1 de enero». A eso se suma, también, el abono en marzo de los atrasos desde el 1 de enero de 2023 hasta finales de febrero de 2024, de la subida salarial del 0,5% contemplada en los presupuestos de 2023.
Los consumos intermedios ascendieron a 5.019 millones, un 1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, los intereses devengados aumentaron un 14,3% hasta situarse en 21.422 millones.
Las transferencias para prestaciones sociales repuntaron un 5,2%, principalmente por el mayor desembolso de pensiones de clases pasivas y por la revalorización de las pensiones contributivas.
El gasto en subvenciones alcanzó los 3.737 millones, y contempla tanto las subvenciones a los productos, con 3.266 millones, como las subvenciones a la producción, con 471 millones de euros en agosto de 2024.
Para la cooperación internacional corriente se abonaron 639 millones. De esos, 75 millones fueron para el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) mientras que la aportación a la UE por Recursos propios basados en el IVA y la RNB fue de 6.833 millones.
Por último, destaca la formación bruta de capital fijo, que alcanza 4.355 millones, con un aumento de un 9,9%, en tanto que las ayudas a la inversión y las otras transferencias de capital alcanzan en conjunto 3.569 millones, como explica Hacienda.
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