Mucho se ha criticado a Puigdemont por exigir cobrar por adelantado los pactos con el PSOE. Sabido es que la especialidad de Pedro Sánchez no es precisamente cumplir los acuerdos que llega con sus aliados y mucho menos con los compromisos que adquiere en sus programas electorales.

Me refiero concretamente a la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como la “ley mordaza” que da unas atribuciones exageradas en la actuación de las fuerzas policiales y que supone un grave recorte de las libertades de los ciudadanos. Esta ley fue aprobada en el lejano 2014 gracias a la mayoría absoluta del PP y posteriormente el Tribunal Constitucional rechazó todos los recursos que se le presentaron.

Los socialistas prometieron derogarla. Incluso en el pacto de Gobierno que en la legislatura estrenada el verano del 2023 las fuerzas que le respaldaron a Pedro Sánchez acordaron una vez más derogarla, pero un año después esta promesa está almacenando polvo en algún cajón del Gobierno, mientras las sanciones policiales en base a esta ley ya rozan las 300.000, especialmente por desacato, resistencia a la autoridad, falta de respeto.

En marzo del pasado año, a propuesta del PNV, los socialistas presentaron una propuesta para reformar esta ley, pero la iniciativa decayó al ser rechazada por no recibir el apoyo de Bildu y ERC, ya que consideraron que la reforma no era otra cosa que “una ley mordaza light o edulcorada” que no resolvía los problemas de fondo al negarse los socialistas a derogar aspectos como las devoluciones en caliente, el uso de las pelotas de goma o rebajar las sanciones por desobediencia a la policía, la presunción de veracidad de los agentes policiales o la falta de respeto.

En aquella votación quedaron claras las intenciones socialistas de atender las presiones de los cuerpos policiales para que la ley no se derogase y se hiciera un tímido maquillaje para salvar las apariencias. Meses después, Pedro Sánchez convocó elecciones y una vez más figuraba entre las propuestas electorales del programa socialista derogar la dichosa ley. Ahora el 16 de julio la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz anunció la próxima derogación de la citada ley, pero su socia de Gobierno y portavoz, Pilar Alegría no tardó en rectificar a la vicepresidenta limitando la reforma al delito de injurias, dejando para más adelante reformas más profundas que afecten al recorte de libertades.

O sea que lo vuelve a aplazar para “dios y la historia”.