La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero
(Foto de Archivo: Álex Zea / Europa Press)

Los gravámenes a las entidades de crédito y a las empresas energéticas, que tantas protestas han generado por parte de los bancos y empresas afectados, han alcanzado una recaudación de 2.859 millones de euros en 2024, cifra muy similar a los 2.908 millones de euros recaudados el año anterior, según los datos aportados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

«Se trata de una cifra que está en línea con las previsiones del Gobierno (alrededor de 3.000 millones de euros) y, además, es muy similar al importe del año anterior», ha resaltado el departamento de María Jesús Montero. De hecho, la ministra, de vista este viernes en Cádiz, ha destacado que esta cantidad permitirá la mejora del Estado del bienestar y atender los problemas y las necesidades de los ciudadanos.

Si se desglosa cada una de las figuras, el gravamen de las entidades de crédito ha supuesto una recaudación de 1.695 millones de euros; mientras que el impuestos a las empresas energéticas se ha situado en los 1.164 millones de euros.

Según Hacienda, estos gravámenes, que tienen un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos, el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.

Política fiscal «justa y progresista»

El departamento de Montero destaca que estas figuras, que fueron aprobadas a finales de 2022, se enmarcan en una política fiscal del Gobierno «justa y progresista», que pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen, como son las grandes multinacionales a través de un tipo mínimo del 15% o de los grandes patrimonios mediante el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

En este sentido, añade que tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan «cifras récord de beneficios», por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país.

Al mismo tiempo, subraya Hacienda, la política fiscal del Gobierno ha permitido aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas a través «de la mayor rebaja de la historia» en impuestos vinculados a la energía o del IVA, que ha supuesto un ahorro para las familias de 25.000 millones de euros.

A esta cantidad hay que añadir la rebaja del IRPF a las rentas hasta 21.000 euros, que ha supuesto 5.000 millones de ahorro en las retenciones del impuesto. También la reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación hasta un millón de euros.

Todavía no se ha decidido si los gravámenes serán permanentes

En cuanto al gravamen a las entidades financieras, se ven afectadas entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.

Ambos gravámenes, que se aprobaron inicialmente para el ejercicio fiscales de 2023, ya se prorrogaron para este año, con cambios en el caso del energético, y el Gobierno ha abierto la puerta a hacerlos permanentes, si bien ha indicado que se podrían introducir algunos cambios para adaptarlos a la actual coyuntura económica.