Matar al mensajero es una frase metafórica que se refiere al acto de culpar a una persona que trae malas noticias en vez del autor de las mismas. Una práctica muy habitual en casi todas las actividades humanas, pero especialmente habitual y grave en la política. La tentación del poder de silenciar las voces críticas o contrarias a su gestión es un clásico de la pulsación totalitaria de muchos gobernantes, incluso en democracias. Y en estos momentos, aquí y ahora estamos asistiendo a una especie de reedición de la caza de brujas de McCarthy. Ese período de historia colectiva en el que muchos ciudadanos inocentes sufrieron persecución por simples sospechas y que constituye uno de los períodos más negros de la historia de los Estados Unidos en el Siglo XX.

Algo que puede repetirse ahora y aquí, en la España del sanchismo, con ese plan de regeneración democrática, que no es sino un plan de degeneración de la democracia y un “ajuste de cuentas” del presidente del gobierno contra los medios de comunicación y los profesionales libres e independientes para tapar las investigaciones judiciales sobre los negocios de su esposa, de su hermano, y las presuntas corrupciones de su gobierno y su partido con los casos “Ábalos y Tito Berni”, a la cabeza.

Una ley mordaza que unido a expresiones como “galaxia digital ultraderechista”, o “constelación de cabeceras ultraconservadoras” que figuraban en la carta de falsa dimisión en diferido del propio Pedro Sánchez, las despóticas ruedas de prensa sin preguntas o los insultos como “jauría” en boca del ministro Bolaños, que lo es de Justicia y Presidencia son síntomas más que evidentes de que en España el derecho constitucional a la libertad de prensa y de expresión y a recibir una información libre y veraz, están seriamente amenazados.

En cualquier democracia donde rige la separación de poderes y se respeta el Estado de Derecho, los bulos o las falsedades se explican y se desmienten por los afectados y se dirimen en los tribunales de justicia y sólo en las dictaduras y en los populismos se amenaza, se silencia o se reprime, porque no son los gobiernos quienes tienen que señalar lo que es o no es verdad, sino la justicia. Y en el caso que nos ocupa en este país, las informaciones sobre el entorno familiar del jefe del Gobierno no han sido desmentidas ni explicadas.

Pero con ser todo esto grave, lo más preocupante para la sociedad en general y en especial para el futuro de la profesión es ver como personas que se autodenominan periodistas anteponen la ideología a la verdad y a la libertad, acusando y descalificando a compañeros y pidiendo, incluso, la intervención de los medios de comunicación que defienden a libertad y la independencia frente al servilismo. Recordar que el código deontológico del periodismo tiene como dogma fundamental el respeto a la verdad y, en base a este principio, un periodista militante estaría inhabilitado para ejercer la profesión.

Y junto a estas actitudes personales que denigran a la profesión, alarma el silencio vergonzante o la tibieza de las asociaciones y organizaciones encargadas de defender el periodismo, a los periodistas y de velar por la deontología profesional. Ni la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ni la APM han reaccionado en tiempo, forma y con la contundencia que requiere ante este nuevo atentado contra la libertad de prensa, a los ataques y amenazas y a los abusos de poder. Sólo la Federación de Asociaciones de Periodistas de Radio y Televisión de España, en un gesto que le honra, ha levantado la voz y ha dado la cara en defensa de los profesionales de la información y de las libertades democráticas. Y esto no es un ataque o una denuncia contra nadie, sino la constatación de una realidad que empieza a parecerse demasiado a los regímenes autocráticos y a las leyes de prensa de ese Franco que el sanchismo siempre ha utilizado como comodín y ahora convierte en su modelo. Y, sobre todo, un alegato en defensa del periodismo libre y del respeto al trabajo y a la integridad de los profesionales. Porque sin Prensa libre no hay democracia.