Después de las movilizaciones contra la amnistía, la oposición de derechas ha encontrado en el acuerdo de financiación de Cataluña un argumento superior para proseguir la cruzada contra el Gobierno progresista. Se podría decir que hemos pasado de aquel famoso “España nos roba” al otrora “Cataluña nos roba” del PP y la ultrderecha.
Con el presidente, Pedro Sánchez, ejerciendo la diplomacia económica en China, correspondió a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responder a las críticas en la primera sesión de control al Ejecutivo del nuevo periodo de sesiones en el pleno del Congreso. La número dos del PP, Concepción Gamarra, se esmeró en etiquetar el acuerdo de “financiación singular” con Cataluña de “cupo separatista”. Montero le contestó que su estrategia es “dividir y enfrentar”. “Contra Cataluña siempre viven mejor”, le dijo.
En el PP de Alberto Núñez Feijóo han hecho cuentas y resulta que “el cuponazo separatista de 30.000 millones de euros” se van a detraer, según proclamó Gamarra, del transporte en La Rioja (lo sabe porque fue alcaldesa de Logroño y conserva buenos asesores), de la sanidad en Extremadura, la Educación en Andalucía y el sistema de dependencia en Asturias. La vicepresidenta Montero le contestó por elevación diciendo que quienes no han practicado ni practican la justicia social pretenden ahora dar lecciones de solidaridad. Resulta que, según Montero, los gobierno autonómicos del PP dan regalos fiscales al 0,2% de la población más rica, han perdonado 6.000 euros per cápita a los que poseen mayores ingresos y además devuelven más de cien millones para escuelas infantiles en Andalucía.
En este punto el experto económico de Feijóo y exconsejero andaluz con mayor sueldo, don Juan Bravo, alzó la voz para aclarar que el rechazo de esos 120 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno se debe al superávit de 20.000 plazas (nada menos) de educación infantil. La vicepresidenta Montero negó que fuera ese el argumento y añadió que el déficit de escuelas infantiles (guarderías) públicas es evidente. “La discrepancia es de modelo, ustedes apuestan por el privado”, afirmó.
Bravo invocó a unos “expertos fiscales” no identificados para asegurar que “el concierto con Cataluña va a suponer 13.200 millones de euros menos para el conjunto”. Montero no se esforzó en rebatirle, pero le asestó con los más de 70.000 millones de euros que los gobiernos de Rajoy cargaron de más sobre la clase media trabajadora y después con el perdón del impuesto del patrimonio por parte de las autonomías de derechas a quienes poseen más de tres millones de euros. La consigna del presidente del PP, Feijóo, no sólo pasa por rechazar el sistema singular de financiación para Cataluña, alcanzado por primera vez en catorce años con un presidente de la Generalitat socialista como Salvador Illa, sino también por negarse a negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. “Traiga ese acuerdo marco”, pidió Bravo a Montero en el pleno del Congreso. “Tráigalo y no amenace a las catorce autonomías del PP”, reiteró.
Feijóo reunió a sus presidentes autonómicos el 6 de septiembre para hacer piña contra la financiación catalana y contra un acuerdo marco que no excluya la singularidades de otras Comunidades Autónomas. Pero tres días después de que Feijóo mostrara el escenario de sus poderes (supuestos), los presidentes andaluz y valenciano manifestaron su disposición a negociar por su cuenta con el Ejecutivo de Sánchez. En pocas palabras: con las cosas de comer no se juega.
Las críticas del PP al pacto de financiación singular de Cataluña coincidieron además con la Diada o fiesta nacional de Cataluña y, por cierto, solo la vicepresidenta Montero se acordó de felicitar a los catalanes y, frente a las invocaciones de las famosas “balanzas fiscales” que planteó la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, zanjó: “Lo que es bueno para Cataluña es bueno para España”.
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