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La reforma de las pensiones diseñada por el hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá ya está cosechando sus primeros efectos. Con la creación de empleo que garantiza los ingresos por cotizaciones para poder pagar las pensiones, la subida de los coeficientes reductores a la jubilación anticipada y las bonificaciones a la jubilación demorada aplicadas a los trabajadores que se plantean jubilarse está resultando ser disuasoria tanto para unos como para otros, ya que según el ‘Observatorio de pensiones’ de WTW, en 2023 han aumentado las jubilaciones demoradas y han descendido las anticipadas.

El Observatorio de WTW corresponde el grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y el área de WTW, lo que aleja cualquier sospecha de interpretación política de los datos, y sus conclusiones se basan en la evidencia. Y su conclusión primera es que las jubilaciones anticipadas han pasado de suponer el 37,3% del total de altas de jubilación en 2022 al 34,3% en 2023. La segunda, que las jubilaciones demoradas representaron el 8,1% del total de altas en 2023, casi tres puntos porcentuales más que el año previo (5,4%).

Pero hay una tercera conclusión significativa, la reforma del sistema de pensiones también está contribuyendo a elevar la edad efectiva de jubilación, que en 2023 ya ha superado la edad legal de los 65 años (65,5 años). En el año en que se aprobó la reforma (2021) la edad efectiva era de 64,66 años.

Ante estos datos, Rafael Villanueva, director asociado del área de Retirement de WTW, ha explicado que los primeros resultados de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones muestran un cambio notable en el comportamiento de los trabajadores a la hora de decidir el momento de jubilarse.

Villanueva también ha destacado otro dato: el 28,1% de los jubilados demorados optan por el cheque único, lo que destaca la importancia de factores personales, como la necesidad de liquidez y la compatibilidad entre trabajo y pensión, en la toma de decisiones.

Entre las conclusiones del Observatorio tampoco se descarta que, además de las necesidades de liquidez, la situación de demora puede deberse a cambios socioeconómicos. De lo que no cabe ninguna duda es que la reforma del sistema público de pensiones ha contribuido al «acercamiento de la edad efectiva a la edad legal de jubilación, cumpliéndose el objetivo que se perseguía», concluye Villanueva