Éramos pocos y parió el alcabalero, que así es como se denomina en lenguaje cervantino al recaudador de impuestos que actuaba por una comisión. Porque si no había ya bastantes opiniones sobre la humillante cesión de la independencia fiscal a Cataluña para pagar la investidura de Salvador Illa, vino Pepe Álvarez, ese estrambótico secretario general de la UGT, y quedó como dicen de Cagancho en Almagro, entre caótico y desastroso, además de servil a quien le paga. Propone Álvarez que las comunidades autónomas perjudicadas por ese concierto económico, inconstitucional e insolidario, suban los impuestos a sus ciudadanos para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos que pueden verse gravemente perjudicados y deteriorados por ese chantaje fiscal que Pedro Sánchez paga a sus socios independentistas, enemigos de España para seguir durmiendo en la Moncloa.

Carente de la personalidad política y personal, de la independencia y de la voluntad de servicio a los trabajadores de sus antecesores, Nicolás Redondo y Cándido Méndez, este Pepe Álvarez que salvo un breve periodo en Gec-Alstom, ha desarrollado toda su actividad liberal en el sindicato, se transforma en vampiro al servicio de su amo de La Moncloa para criticar a las comunidades que rebajan impuestos, como es el caso de Madrid, Andalucía, o de otras gobernadas por el PP, que han demostrado que con una menor presión fiscal la economía crece más y se crea más empleo. Y lo hace en un país con cuatro millones de parados, un millón más de los que cuentan las cifras cocinadas del Gobierno. Y en unos momentos en que las empresas de trabajo temporal y los datos de contratación anuncian un “frenazo” en el mercado laboral a partir de este otoño, analizando los síntomas de la enfermedad que se vienen advirtiendo en todos los indicadores de empleo de este año, con especial intensidad en la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre y en los datos del paro registrado en julio.

Ya los resultados de la EPA, en un trimestre tradicionalmente bueno para el empleo muestran cómo mientras entre abril y junio del año pasado la ocupación aumentó en 624.000 personas este año lo hizo sólo en a los 434.700, es decir casi 190.000 ocupados menos, con una bajada en el número de desempleados también inferior a la de 2023. Síntomas de una evidente ralentización de nuestro mercado laboral que se reproducen en los datos del paro registrado en julio, mes en el que en plena campaña turística se han destruido casi 10.000 puestos de trabajo, el peor dato para este mes en 20 años.

Pero donde con mayor claridad se evidencia el agotamiento del mercado de trabajo es en los datos de contratación. En julio de este año se han formalizado 1,37 millones de contratos que son 112.840 contratos menos que en el mismo mes del año pasado, al tiempo que la contratación acumulada en los siete meses alcanza una cifra de 8.955.067, que suponen 139.142 contratos menos que entre enero y julio de 2023.

Un país que es el único de la UE que no ha recuperado el poder adquisitivo anterior a la pandemia, con una renta per cápita que está un 14% por debajo de la media europea y en el que la renta disponible de los hogares se ha reducido un 4%. Siendo España también el país con el mayor esfuerzo fiscal de la UE, un 17,8% superior a la media de la UE, y el que más ha subido la presión fiscal desde la pandemia.

Pues con este panorama la política social de este tal Álvarez que se autocalifica de socialista y progresistas es subir los impuestos a las clases medias, a los trabajadores y a unas empresas asfixiadas por la voracidad fiscal de un sanchismo gobernante que incapaz de crear riqueza y puestos de trabajo se dedica a esquilmar los bolsillos delos ciudadanos y a repartir empleo.

Puestos a sacar recursos para compensar las pérdidas de las regiones más pobres a las que roba el gobierno para dárselo a la rica, pero mal gestionada, Cataluña, a mi se me ocurre que se podrían destinar a pagar la sanidad, la educación, y mejorar el transporte o los servicios públicos del resto de las autonomías, los más de 17 millones anuales con que el Estado subvenciona anualmente a los denominados sindicatos mayoritarios, hoy convertidos en organizaciones burocráticas al servicio de los partidos políticos y en voceros del sanchismo. Eso, o los 215 millones de euros en subvenciones que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos ha concedido a CCOO y UGT en los últimos cuatro años y medio, además de dedicar, a esos mismos fines los 15.000 millones de la deuda de Cataluña con el Estado y que Sánchez ha prometido condonar

¡Qué tiempos aquellos en que sólo había un tonto del pueblo!