Remedando el título de la ponderada novela de Gabriel García Márquez, el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) es la crónica de una muerte anunciada. Muerte porque la concesión de la independencia fiscal a Cataluña, que no otra cosa implica el “concierto económico” supone una voladura premeditada del sistema de solidaridad fiscal entre los territorios y de la igualdad entre los españoles. Y anunciada porque, a pesar de la mascarada de las negociaciones, en ERC sabían que una repetición de los comicios les supondría un nuevo y casi definitivo hundimiento electoral, además de conocer la docilidad, sumisión y entrega del presidente del Gobierno de España para poder seguir durmiendo en La Moncloa. Y más aún cuando rodeado por el fango de las investigaciones judiciales a su mujer, a su hermano y a su gobierno, Sánchez necesita estar en el gobierno para defenderse.

El concierto, que incluye también una Agencia Tributaria de Cataluña que recaude en un futuro todos los impuestos estatales, comenzando en 2026 con el IRPF es, además, no sólo inconstitucional, sino también de muy difícil, por no decir imposible, cumplimiento. Y ambos firmantes lo saben, aunque traten de ocultarlo a sus afiliados, a sus bases y al conjunto de los catalanes. De ahí que ERC esté pidiendo garantías de irreversibilidad conscientes de que la inconstitucionalidad del acuerdo se deriva no sólo de la ruptura del principio de igualdad entre todos los territorios y los ciudadanos del Estado, sino porque nuestra Carta Magna sólo reconoce dos conciertos excepcionales, los del País Vasco y Navarra y la incorporación de Cataluña a este privilegio obligaría a una reforma constitucional que exige el voto afirmativo de al menos tres quintos de las dos Cámaras parlamentarias, inalcanzable sin el acuerdo con el Partido Popular que ni está por la labor, ni se le espera.

Eso, además de una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que también debería ser refrendada por la mayoría absoluta del Congreso y el Senado.

Recordar aquí Madrid, Cataluña y Baleares son las tres únicas comunidades aportadoras netas al sistema de solidaridad fiscal, algo que se explica porque tienen las mayores rentas per cápita de España. Pero mientras Madrid aporta 6.313 millones de euros al sistema, Cataluña sólo contribuye con 2.168, y Baleares con 334. Por lo que la supresión de la parte correspondiente a Cataluña implicaría un importante deterioro de la sanidad, educación y del resto de servicios sociales  en el resto de Comunidades, además de un empobrecimiento de sus ciudadanos.

Es decir, al contrario de lo que dicen del mítico Robin Hood, se trataría de robar a los pobres para dárselo a los ricos, en vista de lo cual la pregunta pertinente es si ¿serán capaces los diputados socialistas de votar sumisos y cobardes como hicieron ya con la amnistía traicionando a las comunidades que representan y a sus conciudadanos que los eligieron? Conociendo los precedentes y a la bancada lanar del sanchismo es muy probable que lo hagan. Si existen dudas más que serias de que Sánchez pueda contar con los votos de Compromís, el BNG, la Chunta Aragonesista y otros socios que serían estrictamente imprescindibles.

Todo ello con el añadido de que la hipotética aplicación del concierto no implicaría que los catalanes vayan a pagar menos impuestos. Pagarían los mismos, mientras que sus gobernantes dispondrían de más dinero para embajadas, propaganda de exclusión de España y lo español y otras veleidades de sus onanismos independentistas.

Y en todo este trapicheo llama también la atención el ninguneo aparente de Salvador Illa en las negociaciones que se han llevado a cabo entre la cúpula de ERC y el PSOE en Madrid, lo que apunta a que también en Cataluña van a tener a un presidente marioneta manejado por los hilos de ERC que, será quien de verdad tenga la llave y decida en el Gobierno. Vamos como su jefe en La Moncloa, si es que el “ataque de cuernos” de Junts y Puigdemont les permite no sólo dormir, sino seguir en la ficción de presidir sin gobernar. Y la sociedad española anestesiada.