Lo tenían todo preparado para celebrar el aniversario de la derrota electoral del 23-J. Hasta Pedro Sánchez había encargado a su subalterna Paquita Armengol, que le convocara un pleno extraordinario del Congreso, cargado de asuntos de primer nivel, para intentar revestir la desnudez de un primer año de legislatura sin leyes. Sólo 3 textos legislativos, incluida la amnistía inconstitucional, y cinco decretos en doce meses de desvarío parlamentario, polarización y vacío normativo y de gestión.

Pero como, ocurre desde ese cambalache de pactos antinatura y con los enemigos de España al que Sánchez se entregó para impedir el cambio que demandaba el resultado de las urnas y seguir durmiendo en La Moncloa, Pedro propone y Puigdemont dispone. Y ese pleno preparado a mayor gloria del inquilino monclovita sólo sirvió para que Puigdemont mostrara, una vez más que es él, desde Waterloo, quien de verdad manda en España y el que maneja los hilos de un gobierno virtual al que mantiene en la cuerda floja permanente y chantajea a su antojo, mientras Sánchez riega de millones, privilegios y cesiones a Cataluña con el dinero y la humillación suya, de su partido, y con ellos del resto de los españoles.

Y así, lo que se había concebido como una jornada triunfal para un presidente agobiado por los presuntos y variados casos de corrupción que enfangan a su entorno personal y a su partido, se convirtió en una tarde de frustración y de derrota. Ni reforma de la ley extranjería por la insolidaridad manifiesta de los nacionalistas catalanes a aceptar el cupo de menores inmigrantes que les corresponde, ni Presupuestos porque los chicos de Junts, la voz de Puigdemont en el Congreso, decidieron rechazar los objetivos de estabilidad que acompañan al techo de gasto para 2025 lo que deja en el aire las cuentas del Estado para 2025, después de que Sánchez tampoco pudiera aprobar los de este año.

Unos presupuestos, los avanzados por el ministro Cuerpo, más llenos de conjeturas que de certidumbres. Empezando por el PIB que el Ejecutivo revisa al 2,2%, pero que fundamenta sobre un nuevo récord del techo de gasto, hasta 200.000 millones de euros, un 3,2% más que en el año en curso, y en el fuerte empuje del turismo. Bases, la primera que teniendo en cuenta que el año próximo entran en vigor las nuevas reglas fiscales de la UE, con obligación de reducir el déficit al 3%, sólo aventura más impuestos y más deuda, cuando somos el país que más ha subido la presión fiscal desde 2019 y el único que grava el Patrimonio, con datos de la Comisión Europea.

Fiscalidad abusiva y esquilmatoria que actúa como freno del consumo, el empleo y la inversión, factores básicos del crecimiento. De hecho, el Banco de España constata en su último informe que el consumo sigue a la baja, la inversión no se recupera y se va a incumplir el déficit ordenado por Bruselas, mientras que el empleo sólo crece entre las grandes empresas y se desploma tres puntos en las micropymes.  Para concluir que sólo el turismo y los fondos europeos sostienen nuestro PIB. Evidencia esta última que rebate las afirmaciones del ministro Carlos Cuerpo, al calificar de “equilibrado” el crecimiento de la economía española que, además, muestra una evolución media de 2,3 puntos entre 2019 y 2023, un 50% inferior al 5,6% de media de la UE en el mismo periodo, en el que Portugal alcanzó un 7,8% e Irlanda un 35,4%.

Y ni siquiera funciona como debiera el motor el sector exterior, al que se encomienda el ministro de Economía, porque las exportaciones españolas de bienes en los cinco primeros meses de este año son un 2,3% inferiores a las de enero-mayo de 2023, mientras el déficit comercial repuntaba un 7,4% hasta 15.109 millones de euros. A lo que se añade una caída del 20%, 6.400 millones menos, de las inversiones extranjeras.

Todo esto con una deuda pública que supera los 1,57 billones de euros, el 107% del PIB, que nos sitúa entre los países más endeudados del mundo. Con una inversión en caída libre que está 3 puntos por debajo de 2018 y aporta sólo el 19,3% del PIB, 3 puntos menos que la media UE y en un país donde no se ha recuperado el poder adquisitivo anterior a la pandemia, donde los costes laborales han subido un 20% en los últimos cinco años mientras la productividad ha caído un 4,9% y más de la mitad del empleo que se crea viene del turismo.

España es también el país europeo en el que más ha caído la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo, con uno de cada diez hogares que no puede cubrir los gastos esenciales. Hasta el punto de que la renta per cápita de España en 2023 está un 14% por debajo de la media europea, cuando antes de la pandemia era sólo un 9% inferior y el poder de compra de los españoles ha caído en 5,5 puntos entre 2019 y 2023.

Con el añadido de que la inflación se ha vuelto o a reactivar y de que en la España de Sánchez viven hoy 12,1 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.  Son números incontestables de la realidad económica y social de nuestro país, de los que el proyecto de Presupuestos ni habla ni se ocupa. Como tampoco se ocupa de la corrección de la desigualdad o de la mejora de los servicios sociales.

En definitiva, unos presupuestos cogidos con alfileres en sus dos acepciones: porque están sin coser y porque pinchan y hacen sangre fiscal en el bolsillo de unos ciudadanos cada vez más pobres en una España cada vez más endeudada.