Cuando menos se esperaba al empresario Carlos Barrabés se le desató la lengua y declaró ante al juez Peinado, que instruye la investigación sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado que se atribuyen a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, que visitó siete u ocho veces La Moncloa y que al menos en dos ocasiones estuvo presente Pedro Sánchez.

Testimonio que eleva al escalón más alto la investigación del curso porque apunta directamente a que el jefe del Ejecutivo conocía las actividades de su esposa y que se utilizaba la sede de la Presidencia del Gobierno para negocios privados vulnerando el principio de neutralidad institucional.

Unos hechos sobre los negocios y actividades de su entorno familia y su partido, inéditos en España desde el inicio de la Transición y nunca vistos en la Unión Europea, al menos en los últimos cincuenta años, que guardan más paralelismos con el proceder del peronismo en Argentina que con las democracias occidentales, que no han sido desmentidos ni aclarados, que han merecido la investigación de los tribunales y los jueces y ante los que Sánchez responde intentando amordazar a la prensa independiente y libre en lugar de dar explicaciones y asumir responsabilidades como correspondería a un político y a un gobernante democrático

Y hablando de paralelismos recordar que por unos hechos similares a los que ahora se atribuyen a Begoña Gómez, Iñaki Urdangarín, entonces consorte de la Infanta Cristina, fue juzgado y condenado a 5 años y 10 meses de prisión con la diferencia de que en el llamado “caso Nóos”, el Rey Emérito no se sentaba en el Consejo de Ministros ni se reunía con los empresarios implicados.

Porque con independencia de que las actividades de la esposa del Presidente del Gobierno sean delito, o no, que eso lo decidirán los Tribunales de Justicia, resulta cuando menos sospechoso que Carlos Barrabés consiguiera  20 contratos de 8 ministerios por un importe superior a 20 millones de euros, el 90% de sus contratos públicos, tras entrar en el máster de Begoña Gómez. Y que el propio Pedro Sánchez hiciera publicidad de Barrabés a cuyas empresas puso como modelo empresarial en enero de 2021 durante un acto en Aragón. Haya o no delito, lo cierto es que el asunto ética y moralmente apesta.

Como apesta también que el Tribunal Constitucional anule las condenas a los implicados por los ERE de Andalucía, la mayor causa de corrupción en la historia democrática española en la que el gobierno andaluz del PSOE repartió durante diez años más de 679 millones de euros de los parados  de forma clientelar y sin control.

Fallo de unos magistrados designados por políticos que rompe, una vez más, la igualdad de los españoles ante la Ley y que agudiza la pérdida de credibilidad de un Constitucional al exculpar a dirigentes del partido al que algunos de sus miembros han pertenecido o al que son afines. Porque cuando un tribunal cuyos miembros han sido nombrados por los políticos actúa para enmendar las decisiones de la justicia ordinaria y del Tribunal Supremo acaba con la división de poderes y el Estado de Derecho que son la esencia de la democracia.