Con cinco años de retraso por fin, PSOE y PP han llegado a un acuerdo para renovar los cargos del Consejo General del Poder Judicial. Por el camino se han dejado no pocas prendas, han propiciado una desconfianza general con nuestro sistema judicial y algunos magistrados han aprovechado la situación para hacer algo más que “una justicia de autor”.

Para llegar a un acuerdo, las dos partes se avinieron a que los jueces hicieran una propuesta para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es evidente que un texto que permite paralizar la renovación de quien tiene el mandato caducado es una ley con graves defectos. Es de suponer que entre las propuestas que hagan los jueces habrá una que buscará legislar medidas que impidan repetir el episodio que hemos vivido y que ha paralizado buena parte de la actividad judicial.

Pedro Sánchez trató de superar el callejón sin salida que se encontraba el conflicto insinuando una modificación de las mayorías necesarias para la citada renovación. El PP puso el grito en el cielo y Bruselas desaconsejó esta medida porque no parece razonable cambiar las reglas del juego a media partida. Lo que sí que ahora sería posible será mantener inicialmente la actual exigencia de que la elección de los nuevos miembros inicialmente lo fueran con el voto favorable de tres quintos de los diputados y senadores, pero se podría añadir un salvavidas para impedir el boicot.: Si en un periodo prudencial de tiempo que podrían ser seis o doce meses no se lograba un acuerdo en segunda instancia, la elección se pudiera resolver con la mayoría simple. Desde luego, ello activaría de forma inmediata la necesidad de que los partidos se pusieran de acuerdo.

Por otra parte, el pacto entre el PSOE y el PP transmite la sensación que la elección de la cúpula judicial es un tema que sólo lo deciden los dos partidos mayoritarios dejando huérfanos de representación las propuestas que pudieran hacer partidos como PNV o los nacionalistas catalanes que hasta ahora siempre habían tenido plaza en el Consejo, parece que en este tema “ellos se lo guisan y ellos se lo comen” sobre todo en un momento que la imparcialidad de nuestros jueces está más que cuestionada y su politización es más que evidente, incluso con notables indicios que las sospechas de “lawfare” está en el orden del día cuando se tocan determinados asuntos. Los jueces, y hacen bien, defienden la división de poderes, pero han sido ellos quienes se han pronunciado abiertamente contra la ley de amnistía incluso antes de que fuera aprobada olvidando que los jueces han de impartir la justicia según las leyes que emanan del Parlamento pero no son legisladores

Claro que aprovechar la ocasión para hacer una profunda revisión del sistema judicial español, desde el temario de las oposiciones para el acceso a la carrera o los controles internos de la actuación judicial, ya sería demasiado pedir, pero algún día habrá que hacerlo.