Lo habíamos anunciado justo después de conocer los resultados de las elecciones catalanas. El precio a pagar a los independentistas para que Salvador Illa sea investido presidente de la Generalitat es la independencia fiscal.

Primero fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ofreció una financiación “singular” a Cataluña y el perdón de los 15.000 millones de la deuda con el Estado para conseguir el “sí” a Illa de ERC. Y posteriormente los confirmaba el propio jefe del Ejecutivo. A pesar de haberlo negado repetidamente, Sánchez vuelve a cambiar de opinión -así llaman ahora a las mentiras- y admitía que una financiación singular para Cataluña “es factible”, al tiempo que recordaba que negociar esa financiación era unos de los puntos firmados con los republicanos para conseguir su investidura.

Y en esto no miente el presidente. Porque el  pasado mes de marzo el Govern ya puso el tema de la ‘financiación singular’ sobre la mesa en aras de reducir el déficit fiscal de la comunidad, cifrado en 22.000 millones de euros. Para ello planteaban que Cataluña recaudara la totalidad de los impuestos, en vez del actual 9 %, y que a cambio transfiriera dos partidas que habría que negociar con el Ejecutivo central.

Una cesión de la gestión y la recaudación de la totalidad de los tributos a la Generalitat de Cataluña, supone una  vulneración de los principios de solidaridad y de igualdad entre los españoles por lo que, como confirman expertos fiscalistas, no tiene ninguna cobertura legal, ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, ni en las leyes de desarrollo. Además de suponer la ruptura de la Agencia Tributaria y un grave obstáculo en la lucha contra el fraude fiscal.

Y una financiación singular que se fundamenta sobre una gran mentira, la infrafinanciación de Cataluña. Primero, porque habría que recordar que los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios. Y en segundo lugar, porque la financiación que recibe Cataluña por parte del Estado está por encima de la media nacional. Madrid es la comunidad autónoma que más aporta al sistema de financiación autonómico, casi el triple que Cataluña. En concreto, Madrid aporta 6.313 millones de euros al sistema, Cataluña, 2.168, y Baleares, 334, siendo los tres únicos aportadores netos. El problema de Cataluña no es de infrafinanciación, sino que el dinero que recibe sus gobiernos autonómicos los malgastan.

En definitiva, estamos ante un nuevo chantaje de los independentistas que en la práctica supone una independencia fiscal y que Sánchez está dispuesto a aceptar haciendo que la malversación de los delincuentes golpistas catalanes la tengamos que pagar todos los españoles. Un peaje más a pagar para poder mantenerse en el gobierno sin capacidad de gobernar, y que no será el último, porque como decíamos al principio, tanto Marta Rovira como sus acólitos ya lo han advertido, “la clave está en manos de Sánchez» y el  siguiente pago es el referéndum de autodeterminación.

En medios socialistas próximos al presidente del Gobierno señalan que la única opción que actualmente contempla el socialismo dirigente es la presidencia de Salvador Illa en Cataluña, cueste lo que cueste. Saben que el PSC siempre ha sido una formación hermana pero independiente del PSOE, que no va a admitir el sacrificio de su candidato, como también son conscientes en Moncloa y en Ferraz de que entregar la cabeza de Illa a Puigdemont, provocaría un cisma en el partido y una fuga masiva de votantes.

Lo que están sopesando ahora es saber cuál  sería el impacto de este nuevo peaje en el resto de España y, especialmente, entre las bases socialistas. Porque eso supondría atentar contra la igualdad entre los españoles y en definitiva vender España a sus enemigos y con ella el sistema democrático. Algunos de los todavía leales al sanchismo saben que esas son líneas rojas cuyo traspaso podría provocar un estallido social, pero conocen también que Sánchez sólo piensa en sus propios intereses personales y no en los de España ni en los españoles de los que se sirve.

Y frente a ello, un recado con acuse de recibo, si desde el Partido Popular, con todo su inmenso poder territorial en autonomías y ayuntamientos, no son capaces de articular un frente común para parar este desafuero, que se vayan a su casa.