La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, durante su intervención en el XLI seminario de la APIE en la UIMP
Foto: APIE

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha pedido al Gobierno que publique antes de septiembre los objetivos que tendrán que cumplir las administraciones públicas para cumplir con el plan de ajuste fiscal que remitirá a Bruselas.

Durante su intervención en el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (APIE), Herrero ha recordado que para que el plan fiscal sea efectivo «es necesario que todas las administraciones públicas contribuyan», por lo que es necesario que se modifique «ya» el marco nacional fiscal.

Además, ha hecho un llamamiento a que el Gobierno publique de forma anticipada los objetivos para que las diferentes administraciones puedan tenerlos en cuenta a la hora de diseñar sus presupuestos para el año que viene, ya que en 2025 es el primer año de cumplimiento del plan fiscal.

«Es necesario que cuando se elaboren los presupuestos se conozca cual es el grado de compromiso y responsabilidad de cada administración pública para cumplir con el primer año de vigencia», ha enfatizado la presidenta del supervisor fiscal.

«Tenemos poco tiempo porque en septiembre tenemos que tener diseñada la estrategia fiscal», ha recalcado la AIReF, recordando que no se puede obviar la dimensión territorial porque España es un país «altamente descentralizado».

Herrero ha recordado que de acuerdo con el nuevo esquema fiscal europeo no puede modificarse de forma anual salvo circunstancias excepcionales. «Es importante tener bien calibrado cuáles son los compromisos, pero es importante tener el compromiso de todas y cada una de las administraciones», ha avisado.

De acuerdo con los cálculos de la AIReF, las administraciones únicamente podrían elevar un 2,7% su limite de gasto para cumplir con un ajuste promedio del 0,42% de déficit durante los próximos siete años. Esto es inferior a una media histórica del 4,5%.

«El ajuste es menos intenso que el que tuvimos que realizar con la anterior crisis, pero no es menos cierto que va a ser más mantenido en el tiempo, lo que supone cierto agotamiento en ese esfuerzo fiscal», ha detallado, asegurando que el nuevo marco «no es menos exigente».

El nuevo sistema fiscal exige a los Estados miembros que preparen planes fiscales y estructurales a medio plazo, que deberán presentar antes del 20 de septiembre.

Estos planes establecerán las sendas de gasto para los próximos cuatro años –ampliables a siete–, junto con los compromisos de reformas e inversiones que se sustentan en las recomendaciones económicas propuestas por la Comisión.

El cambio en la financiación de Cataluña repercutirá en el resto de las CCAA

Asimismo, Cristina Herrero, ha precisado que que todo el sistema fiscal «está interconectado» y que, por tanto, tomar una decisión para un sistema de financiación autonómica repercute en el total de la financiación de las administraciones públicas. «Si para arreglar la de uno, se empeora la de otro, nada habremos conseguido», ha señalado en concreto, en referencia al cambio anunciado por el Gobierno sobre la financiación de Cataluña.

No obstante, Herrero ha evitado dar una valoración sobre el debate de otorgar una singularidad al sistema de financiación de Cataluña, puesto que un supervisor fiscal «no debe traspasar determinadas líneas».

Sin embargo, ha precisado que con carácter general a su organismo «no le gustan los compartimentos estancos», puesto que «todo está interconectado» y lo que se dedica a financiación autonómica repercute en el total del sistema, algo que también ocurre con los mecanismos extraordinarios de financiación.

En la misma línea se ha referido al hablar de la condonación de la deuda, una medida que podría aplicarse también a Cataluña con el pacto entre PSOE y ERC. Así, ha indicado que esto puede aliviar la situación de una comunidad autónoma, pero «no tiene ninguna incidencia a nivel agregado», puesto que lo que provocaría es un aumento del déficit y de la deuda del Estado central.

Además, ha señalado que esta medida entra en el balance de la Administración central como una contrapartida, lo que reduce la capacidad del Estado de gastar. «Una entrada en la contabilidad nacional que puede dar margen al gasto en una CCAA a lo mejor es una sorpresa cuando lleguemos al agregado y algo que, aparentemente no tenía repercusión, acabe teniéndola», ha afirmado.

Objetivo de déficit público difícil de cumplir si no hay medidas

Por otro lado, Herrero ha asegurado que la determinación de la senda de gasto, que lleve a una reducción del déficit tal y como pide la Comisión Europea, «no será sencilla». Ha explicado que los ejercicios elaborados por la AIReF evidencian el «gran reto» que supone a nivel agregado y sectorial, que contemplan un ajuste anual del 0,43% del PIB en siete años o del 0,63% en cuatro años.

«Si el ajuste se implementa en siete años, el gasto neto deberá crecer en promedio un máximo del 2,7% para cumplir las exigencias del nuevo marco fiscal europeo», según las estimaciones de la AIReF.

Este límite, según la presidenta, es «exigente» en relación con el comportamiento histórico de esta variable, que se ha situado por encima del 4,5% desde 2018, con la excepción de 2021, si bien los años de consolidación, entre 2014 y 2017, se presentaron tasas más reducidas. En promedio, el gasto neto creció un 5,9% entre 2019 y 2023 frente al 3,2% en el cuatrienio anterior.

Así, durante su intervención en Santander, Herrero señala que el escenario inercial de su organismo contempla que el déficit no baje del 3% en los próximos años, si bien se situaría en torno a este valor. Para 2025, estaría por debajo del 2,9%, contando con los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas, pero en 2026, con el fin de esos gravámenes, subiría al 3,2%.

Así, si bien no se ha sorprendido de que la Comisión Europea no haya incluido a España en un procedimiento por déficit excesivo, cree que el nuevo marco de reglas fiscales marcado por Bruselas «no es más laxo» que el anterior, puesto que el plan fiscal estructural que se presente «no se puede modificar».

Ha pedido, por tanto, el compromiso de «todas las administraciones públicas» con el plan estructural que el Gobierno remitirá a Bruselas en septiembre.