Competencia investiga a la distribuidora eléctrica de Naturgy (UFD) por posibles prácticas anticompetitivas

19/06/2024

J. V. M. La compañía habría priorizado las incidencias y reclamaciones presentadas por ciertas comercializadoras entre 2021 y 2022. Estas prácticas afectarían al mercado de suministro eléctrico en los territorios donde UFD actúa como distribuidora.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga a UFD Distribución Electricidad, S.A., y a sus matrices Holding Negocios Electricidad, S.A. y Naturgy Energy Group, S.A. (Grupo Naturgy) por supuestas conductas contrarias al artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).

Ante la apertura de esta investigación desde UFD aseguran a diarioabierto.es que «cumplen escrupulosamente la regulación y aplica los mismos procedimientos en la relación que mantiene de forma continua y diaria con decenas de comercializadoras en el marco de su actividad como distribuidora eléctrica, sin aplicar ningún trato de favor ni beneficiar a ninguna en particular».

En todo caso, la compañía se pone a disposición de la CNMC para colaborar en lo que sea necesario durante la fase de instrucción.

Según Competencia, la compañía habría dado un trato preferente y discriminatorio a las incidencias y reclamaciones presentadas por ciertas comercializadoras entre 2021 y 2022, en detrimento de terceras comercializadoras independientes. Así, UFD podría haber falseado la libre competencia en el mercado del suministro minorista de energía eléctrica y haber incumplido la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Investigación

La investigación se inició a partir de una serie de denuncias contra UFD por prácticas contrarias a la LDC, y de la información reservada que llevó a cabo la Dirección de Competencia (apartado 2 del artículo 49 de la LDC). Ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas, la CNMC inspeccionó dos sedes del Grupo Naturgy.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

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