Mucho se habla de la amnistía y del papel de algunos jueces como agentes políticos saltándose el principio de la división de poderes. Sin embargo, una espada de Damocles pende sobre la cúpula judicial y ésta puede venir de Estrasburgo.

Son varios los recursos que presentaron los condenados por la multitudinaria concentración de la sede de Economía de Barcelona y el posterior referéndum por supuestas irregularidades (denunciadas por numerosas instituciones internacionales y eminentes juristas) durante el juicio y por el excesivo uso y abuso de la interpretación de las leyes.

La justicia es lenta -y la europea más – pero el Tribunal Europeo de Derechos humanos ha admitido varios recursos de los condenados. Este tribunal es habitual que cuando una denuncia se resuelve por determinadas medidas archiva el expediente. Ello lo hizo con el encarcelamiento de varios acusados y podría extenderlo con la aplicación de la ley de amnistía.

Sin embargo, el “aquí no ha pasado nada” con lo que saldría airosa la cúpula judicial española (tanta el Tribunal Supremo como el Constitucional) le ha salido con el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez que fue condenado a 9 años de cárcel por un delito de sedición, cumpliendo cuatro de ellos.

Jordi Sánchez no sólo renunció a pedir el indulto que le sacó de la cárcel, sino que ahora también rechaza que se le aplique la amnistía y tras mostrar su absoluta desconfianza con los tribunales españoles por qué “no es mi guerra”. Valora Sánchez que “la única cosa que hará que los jueces del Supremo no salgan del carril de la democracia y del Estado de derecho es la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Y no sólo espera alguna medida por los años de prisión sufrida, sino que ve probable que el alto Tribunal Europeo recoja sus argumentos y anule el juicio.

Las denuncias de Sánchez por la vulneración de numerosos derechos fue admitida a trámite en setiembre del pasado año y ahora Estrasburgo está pendiente de que el Estado español presente sus alegaciones antes de dictar sentencia. Estos recursos, en caso de prosperar, serían un duro correctivo para la desprestigiada judicatura española, por ello no es de extrañar que se silencie esta grave amenaza que pende de la cabeza de la alta magistratura española.