Una infección recorre la Judicatura. Se llama “carcundia” y es muy tóxica para la democracia representativa. Su penúltimo síntoma reaccionario ha consistido en llamar a declarar como acusada de tráfico de influencias y corrupción a la esposa del presidente del Gobierno y anunciar la cita en la recta final de la campaña electoral para las elecciones europeas del domingo 9 de junio. El juez del montaje, cuyos familiares del PP cobran buenos salarios del erario público, está realizando su trabajo al gusto de la derecha extrema y de la extrema derecha. Aunque no tenga cura, su infección tendrá premio.

Lo peor de la infección es el descrédito que provoca en la Justicia. La intromisión política de los jueces es tan notoria que nadie en la España de hoy cree en su neutralidad ni tampoco en su imparcialidad. La doble vara de medir ha quedado clara cuando sus señorías de la toga aplazan la citación del novio o marido de hecho de la señora Ayuso por recibir casi dos millones de euros de beneficio de los contratos asignados por ésta para no perjudicar al PP en las elecciones europeas y, en cambio, no dudan en anunciar la citación de la esposa del presidente Pedro Sánchez por un montaje político basado en un tema profesional en el que ni la UCO de Guardia Civil ha encontrado prueba alguna de corrupción.

A falta de órgano rector que impida a los jueces hacer de su capa un sayo, saltándose procedimientos para imputar a Begoña Gómez, no sólo parece justificada la carta de explicación de Pedro Sánchez a la ciudadanía, sino también la crítica al principal partido de la oposición por el vergonzoso estado de bloqueo e incuria en el que mantiene al Consejo del Poder Judicial. Un voto progresista mayoritario sería menester el próximo domingo para obligar al PP a asumir su tarea de primer partido de la oposición en vez de andar a rebufo de la insidia y la política ratonera su ultraderecha.

Cierto es que, por otra parte, sorprende al comentarista parlamentario el esmero de sus togadas señorías de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la hora de censurar a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, por no haber reconvenido a la diputada de Junts Míriam Nogueras que en el debate para la creación de la Comisión de Investigación sobre la “policía patriótica” y demás operaciones encubiertas contra los dirigentes nacionalistas durante el “procés” tildó de “indecentes” a los magistrados del alto Tribunal Marchena, Llarena, Espejel, Lesmes y Carmen Lamela, y dijo que “había que cesarles y juzgarlos”.

Sus señorías se han tomado su tiempo (el debate fue el 12 de diciembre del año pasado) para contestar a Manos Limpias que no hay delito de “amenazas” en las opiniones de la diputada aunque su crítica “puede resultar extravagante, ácida, incluso carente de alguna clase de racionalidad reconocible” y sus opiniones puedan ser “hirientes u objetivamente ofensivas”. Luego, como si los denunciantes, de marcado signo ultraderechista, fueran legos en Derecho, los magistrados se extienden en explicarles el derecho a la libre expresión de los diputados y, como si el PP y Vox no hubieran cargado contra la presidenta Armengol, le recuerdan su función de “llamar al orden” a los oradores cuando profieran palabras o viertan conceptos ofensivos al decoro de las Cámaras o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de ualquier otra persona o entidad”.