El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley que transpone al marco legal nacional la directiva europea para garantizar un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado tras su aprobación en el Consejo de Ministros que esta directiva pretende evitar que las empresas desplacen beneficios a territorios de baja o nula tributación, «provocando con ello un perjuicio en los ingresos de los Estados miembro y una situación en espiral».

El objetivo de este proyecto es adaptar al marco legal español los acuerdos de fiscalidad internacional alcanzados en los foros e instituciones globales como el G20, la OCDE o la UE, para luchar contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales.

«De lo que se trata es avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, basado en la idea que quien más gana más debe contribuir al conjunto de la sociedad», ha explicado la responsable de Hacienda, quien se ha mostrado confiada en que el proyecto de ley «coseche un amplio respaldo de todos aquellos que defienden un sistema fiscal más justo», durante su trámite parlamentario.

«Es un día, por tanto, para felicitarnos los que creemos, sobre todo en la justicia fiscal como base para el desarrollo de la justicia social y el Estado del bienestar», ha destacado

Impuesto complementario con tres configuraciones

Asimismo, a la salida del Consejo de Ministros, Montero a explicado que la directiva europea prevé la creación de un impuesto complementario que puede adoptar tres configuraciones, siendo todas compatibles entre sí.

Por tanto, se puede establecer un impuesto complementario nacional, que tiene como finalidad que ese 15% sea el tipo efectivo. No obstante, la ministra ha aclarado que el hecho de que España ya cuente con un tipo mínimo del 15% sobre base imponible hace «más improbable» que se aplique este mínimo de la directiva, que solo se establecería en caso de que ese porcentaje del resultado contable ajustado tenga una diferencia con el que plantea ya la legislación española.

Otra forma del tributo es el impuesto complementario primario, en donde se aplica cuando la matriz de un grupo multinacional se sitúa en España y obtenga renta de filiales situadas en el extranjero, que apliquen un tipo inferior al 15%. Y, por último, el impuesto complementario secundario, que actúa «como un sistema de cierre».

Después del periodo transitorio, Montero ha asegurado que se hará una evolución cómo se han comportado ambas figuras fiscales: la nacional ya aprobada –que se aplica sobre el base imponible– y el de la normativa europea –que se aplica a resultado contable ajustado–.

«¿Qué diferencia hay entre ambas cuestiones? Lo veremos con el transcurso de la puesta en marcha de este impuesto. Por eso, ambos están en vigor, ambos son complementarios», se ha preguntado y contestado Montero.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo,  la Comisión Europa amenazó con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por seguir sin poner en marcha las medidas necesarias para trasponer el nuevo tipo mínimo global.Pero la ministra ha recordado la puesta en marcha previamente en España «de forma pionera» de algunas de estas políticas fiscales. En concreto, se puso impulsó el primer impuesto del 15% sobre sociedades para grandes empresas en el año 2022.

«Siempre dijimos que era un sinsentido que el tipo real al que pagaban las grandes multinacionales fuera inferior al que lo hacían las pequeñas o las medianas empresas», ha señalado la titular de Hacienda, tras asegurar que se ha conseguido ir aproximando el tipo efectivo al tipo teórico que se plantea en la definición del propio impuesto.

De forma complementaria, también se aprobó otros impuestos que afectan a grandes empresas, como el de determinados servicios digitales, que también opera a partir de 750 millones de euros de facturación o el impuesto sobre transacciones financieras. Igualmente, se aprobó el gravamen a las energéticas y a los bancos que han logrado «beneficios récord» con el aumento de los precios de la energía y de los tipos de interés.

«Creo que a pesar del ruido que permanentemente se pueda tener de fondo, el Gobierno ha desarrollado una política fiscal responsable basada justamente en los acuerdos y en las recomendaciones internacionales», ha insistido la ministra de Hacienda.