Aunque no se espera que nadie mueva ficha hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio, los distintos aspirantes y sus equipos de campaña ya han empezado a diseñar las estrategias y las bazas a jugar para conseguir la presidencia del gobierno autonómico de Cataluña y no morir en el intento.

El primero ha sido Puigdemont, el fugado de la Justicia, que no ha tardado en anunciar que se presentará a la investidura, al tiempo que recordaba a Pedro Sánchez su amenaza de “o presidentes los dos, o ninguno”.  Un aviso que más parece de farol que de posicionamiento porque el propio Puigdemont sabe que no puede ser investido presidente salvo renuncia socialista que, hoy por hoy, no está en los planes de Salvador Illa ni de Ferraz ni, por el momento de la Moncloa, y lo que busca es más la unidad del independentismo ante una probable repetición de los comicios.

En medios socialistas próximos al presidente del Gobierno señalan que la única opción que se contempla actualmente en el socialismo dirigente es la presidencia de Salvador Illa. Saben que el PSC siempre ha sido una formación hermana, pero independiente del PSOE, que no va a admitir el sacrificio de su candidato, como también son conscientes en Madrid de que entregar la cabeza de Illa a Puigdemont, provocaría un cisma en el partido y una fuga masiva de votantes.

En la misma línea se pronunciaba la que fuera portavoz del Grupo Socialista en el Congreso con Alfredo Pérez Rubalcaba, Soraya Rodríguez, hoy número dos de Izquierda Española y candidata a repetir en el Europarlamento. “El PSC no se va a abstener para hacer presidente a Puigdemont”, afirmaba rotundamente durante su presencia en los desayunos de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, para añadir que “Puigdemont no volará el Gobierno de Sánchez mientras no esté aprobada la amnistía”.

Con este escenario las voces próximas a La Moncloa apuntan que la baza que manejan ahora Pedro Sánchez y su núcleo duro es ofrecer a ERC que, pese a ser el gran derrotado tiene la llave de la Generalitat, la independencia fiscal al estilo del concierto vasco, inversiones millonarias en servicios sociales y en infraestructuras, y el referéndum de autodeterminación. Piensan con ello doblegar el posicionamiento inicial de no apoyar anunciado por Oriol Junqueras y el dimitido Pere Aragonés, y paralizar también la ofensiva contra Sánchez de Junts per Cat y Puigdemont para no quedar ante su electorado como traidores a Cataluña y al independentismo.

Lo que están sopesando ahora es saber cuál sería el impacto de esa oferta en el resto de España y, especialmente, entre las bases socialistas. Porque eso supondría atentar contra la igualdad entre los españoles, contra el Estado de Derecho, contra la Constitución y, en definitiva, vender España a sus enemigos y con ella el sistema democrático.

Algunos de los todavía leales al sanchismo saben que esas son líneas rojas cuyo traspaso podría provocar un estallido social, pero conocen también que Sánchez sólo piensa en sus propios intereses personales y no en los del Estado ni en los españoles a los que debería servir, pero de los que se sirve. Como comentaba un destacado dirigente socialista tras la victoria de Sánchez sobre Susana Díaz en las primarias de 2017 “no tiene proyecto, no tiene programa, sólo tiene ambición y es capaz de vender a su padre, vender el partido y vender España para conseguir sus objetivos”.  Pues bien, de su padre no sabemos, el partido ya ha perdido la “s” de socialista, la “o” de obrero y la “e” de español para transformarse en una secta populista y de culto incondicional al líder caudillista y a España ya la ha puesto en la subasta.