Habiendo trascendido que el Defensor del Pueblo va a investigar el grado de
protección que tienen los consumidores de los créditos rápidos desde la
Asociación Española de Consumidores (Asescon) «consideramos que esta investigación
llega tarde en tanto que aun siendo positiva se han generado, desde nuestro
punto de vista, multitud de problemas para los consumidores dados los
elevados tipos de interés que tienen que soportar en estos contratos».

«En algunos casos se supera el 25% de interés, lo que los hace tremendamente
gravosos para el consumidor que tiene que recurrir a ellos», subrayan en Asescon.

Además, se debería regular claramente la información que debe recibir el
consumidor con carácter precontractual. «A raíz de determinadas consultas y
reclamaciones recibidas por la Asociación Española de Consumidores hemos
podido constatar cómo la información recibida antes de firmar los contratos es
mínima y parcial, así, una regulación de la misma en idénticas condiciones a
cuando se firma una hipoteca, por ejemplo, sería muy positivo para paliar esas
carencias informativas», añaden.

Por otro lado, para Asescon se debe velar por una especial protección para
los contratantes con discapacidad o con algún problema de salud mental. «En
este sentido, nos preocupan ciertas contrataciones que se están produciendo y
que complican la situación económica de estos consumidores y de sus familias
que tienen que afrontar los pagos en muchos casos», insisten.

«Estaremos muy atentos a los resultados de esta investigación que va a realizar Ángel
Gabilondo para trasladar en base a esas conclusiones nuestras propuestas», concluyen en Asescon.