El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, investigará el grado de protección que tienen los consumidores de los microcréditos o préstamos rápidos tras haber recibido quejas, sobre todo por los altos intereses que cobran los prestatarios, muchos de los cuales no son entidades de crédito, sino financieras o EFC.

Para ello, Gabilondo ha iniciado una actuación de oficio con el Banco de España y con la secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía, para conocer qué tipo de actuación de control se está llevando a cabo y si se ha emitido alguna directriz sobre este tipo de producto.

Argumenta que estos créditos de pequeño importe están orientados a consumidores que tienen dificultades económicas y que están en situación de vulnerabilidad y se suelen conceder fácilmente, sin pedir muchos requisitos, pero tienen elevados intereses y comisiones y breves plazos de devolución.

El Defensor del Pueblo quiere saber si está previsto que la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero incluya entre sus competencias la protección de los clientes en las reclamaciones derivadas de la contratación de estos productos.