El análisis de Solunion sobre el impacto de la Ley Concursal subraya que «estamos aún lejos de haber desplegado todo su potencial». Al mismo tiempo, aunque estima que los concursos de acreedores caerán hasta el 24% en 2023 (frente a los aumentos del 30% en 2021 y del 21% en 2022), mientras los impagos comerciales aumentarán un 21%, vaticina un incremento «significativo, de dos dígitos» en estas quiebras, y una vuelta a la ‘normalidad’ de los impagos comerciales, tras años de niveles bajos.

En este sentido, octubre de 2023 es un 11% superior al nivel prepandemia, y un 117% superior a la frecuencia de impagos comerciales que en agosto de 2021, el nivel más bajo en cinco años. Pero aún está un 10% por debajo del pico de frecuencia registrado en el segundo semestre de 2020. No obstante, se está acelerando, un crecimiento del 21% en 2022 respecto a 2021, con mayor incremento para las compañías pertenecientes a los sectores servicios y agroalimentario, impactado por la caída del consumo como respuesta a la elevada inflación.

En el último trimestre de 2023 se alcanzarán cerca de 1.500 concursos de acreedores, lo que constituye la cifra más alta de los últimos 10 años, con la excepción de la singularidad de 2022.

Vincent Pérez, Jefe Corporativo de Análisis de Crédito de Solunion, insiste en que 2023 ha sido «un año de transición»: “Nos encontramos en una fase de aprendizaje, tanto para las empresas, como para los juzgados, y de momento, no observamos un uso masivo de la Ley. Hay que darle tiempo”.

Dependiendo de cómo funcione la normativa, parte de los nuevos procedimientos pueden acabar en insolvencias, registrando así un nuevo incremento significativo de los concursos de acreedores.

Alerta temprana de insolvencias

Por otro lado, Nieves Mendoza, Directora de Siniestros y Recobro de Solunion España, destaca las modificaciones introducidas por la nueva Ley Concursal, sobre todo que permite alertar de manera temprana sobre la situación de insolvencia de una compañía, además de proponer planes de reestructuración preventivos. También procedimientos específicos tanto para las microempresas como para las personas físicas.

“La legislación pretende proporcionar soluciones previas al concurso. La ley ofrece más palancas de mediación y negociación a las empresas, brindarles ese apoyo o ayuda de manera ágil y eficaz disminuyendo los tiempos en los juzgados. No obstante, se encuentra lejos aún de haber desplegado todo su potencial y todavía sería pronto para evaluar el impacto exacto que tendrá”, insiste Nieves Mendoza.

Respecto a la afloración de empresas zombis tras la retirada de las ayudas públicas, considera que «no son viables, por lo que tendrán que ir a concursos».