La patronal CEOE ha tratado de adelantarse a la primera negociación en ciernes del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Los patronos, en su reunión ordinaria, ofrecieron elevar el salario mínimo desde sus 1.080 euros actuales, hasta unos 1.112 euros el año que viene, y un 3% adicional al año siguiente, en 2025, que situarían el salario mínimo interprofesional (SMI) en unos 1.145 euros; lejos de las pretensiones sindicales, a las que parece inclinarse la renovada en el cargo ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El movimiento de la patronal incluye además de esta subida del 6% en dos años la inclusión de una cláusula de salvaguardia, que podría elevar un 1% adicional cada año el salario mínimo, siempre que la inflación supere el 3% en cada uno de esos años.

Los patrones aducen que ese 6% en dos años es la cifra que han pactado con los sindicatos en el sector privado (más la citada cláusula del 1% adicional, en caso de alta inflación). Y que, además, en el sector público, la subida en 2024 queda incluso por debajo de esa cifra, con un alza pactada del 2% el próximo año para los tres millones de funcionarios y otros empleados públicos que trabajan en España.

Sin embargo, el ofrecimiento de los patronos, que estos condicionan a su vez a rebajas de cotizaciones en el sector agrícola y, además, a que se compense a los contratistas públicos por el incremento de sus costes salariales, queda muy lejos de la visión sindical en relación a dónde situar el año que viene el umbral mínimo por trabajar en España a jornada completa.

Aquí, UGT lo tiene claro. Y demanda ya una subida del 11% para el año que viene, que sitúe la renta desde los 1.080 euros — en catorce pagas — a los 1.200 euros; un umbral que coincide, según el sindicato, con el 60% del salario medio en España, actualmente, en cumplimiento de lo estipulado por la Carta Social Europea ratificada por España.

Por su parte, CCOO razona que, ya que los alimentos continúan su rally alcista, con subidas por encima del 6% y del 10% incluso, y que la cesta de la compra es el principal gasto de las personas con rentas más modestas, debería referenciarse la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) con el comportamiento de esta cesta de la compra, que ocupa, según sus cálculos, en torno a la mitad del gasto de esta tipología de familia.

Primer duelo del nuevo y tenso curso político

La subida del salario mínimo es la primera confrontación que deberá mantener el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, en coalición con la fuerza de izquierdas, Sumar, y los empresarios, en el convulso arranque de legislatura, que ha venido marcado por la negociación del socialista con los independentistas catalanes y el posterior pacto que promete amnistiar a los políticos perseguidos por la convocatoria de referendos de independencia para Cataluña durante la pasada década.

En medio de un ambiente cargado de tensión, el ministerio de Trabajo que dirige la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que repite en el cargo, y que ostenta además la vicepresidencia segunda del Ejecutivo, ha prometido mantener el diálogo social con los empresarios y los sindicatos, en la tarea de acometer una intensa agenda social, donde, además de la subida del salario mínimo, destaca la tarea de “impulsar una nueva ola de derechos laborales”, como la reducción por ley de la jornada de trabajo.

Entre estos asuntos, según se han encargado de recordarle a Díaz los sindicatos esta semana, figuran asuntos de calado, como el Estatuto del Becario, postpuesto en última instancia la pasada legislatura por la oposición de los rectores universitarios a que las empresas coticen por sus estudiantes en prácticas; así como otros asuntos, como regular el trabajo en las nuevas plataformas digitales — tras el primer paso dado con los repartidores o ‘riders’ —; regular de nuevo el contrato a tiempo parcial; y endurecer el despido, encareciendo las indemnizaciones, o estableciendo una cantidad mínima para el personal con poca antigüedad, según recordó esta semana el líder de CCOO, Unai Sordo.

Además, el Gobierno pretende también reforzar la protección por desempleo, y en particular, el subsidio, la ayuda de en torno a 450 euros que reciben las personas que han agotado la prestación contributiva — más cuantiosa —, sin haber encontrado un nuevo empleo.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido que convocará de inmediato a empresarios y sindicatos a fin de negociar la subida del salario mínimo para 2024.