El recuperado Ministerio de Vivienda, con Isabel Rodríguez al frente, debe poner el foco en desarrollar oferta de alquiler social y asequible, “sin parches ni populismos”. Es lo que opina Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona, “la falta de vivienda social y/o asequible está enquistada en la sociedad y exige actuaciones estructurales”. La experta apunta que “el Gobierno debe asumir su responsabilidad, sin intervencionismos ni parches”.

Arantxa Goenaga no oculta que Isabel Rodríguez, que abandona su puesto de portavoz del Gobierno y asume la cartera de Vivienda y Agenda Urbana, deberá afrontar muchos retos.

“Recuperar una cartera que dejó de existir en 2010 ya nos advierte de que la vivienda será una prioridad para el Gobierno, al menos, sobre el papel”, indica. No duda en recibir esta renovada preocupación como una buena noticia, pero matiza que “la mejora de la accesibilidad debe demostrarse con hechos, no con medidas populistas y cortoplacistas que solo buscan votos”.

Para Goenaga, ayudas como la ampliación del bono de alquiler joven o la creación de índice de precios para el alquiler “son patadas hacia delante”. La portavoz de Círculo Legal Barcelona considera que “lo que los jóvenes necesitan es un parque de vivienda pública en condiciones que les sirva de primer paso para su emancipación, no un cheque descuento o que la escasa oferta de inmuebles actual se reduzca aún más por la legislación intervencionista”.

En este sentido, el nuevo Gobierno se ha propuesto habilitar 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible, una promesa que ya se dejó caer en las pasadas elecciones autonómicas y municipales y que la abogada califica de “brindis al sol”, dado que “será complicado actualizar muchos de estos inmuebles o desbloquear suelos para su desarrollo residencial: es una tarea de décadas”.

Favorecer la accesibilidad

En cuanto a la línea de avales de 2.500 millones de euros para cubrir parcialmente la hipoteca de la primera vivienda, Goenaga opina que es “una forma de posponer el pago de una deuda a la que se debería responder desde el ahorro previo, ya que podríamos encontrarnos con ratios de endeudamiento muy altos y con la amenaza de la morosidad y un repunte de los desahucios por impago”.

La experta concluye admitiendo que “es fundamental que se dote de medios a organismos como servicios sociales o juzgados, así como trabajar para garantizar los derechos de oferta y demanda, no solo de una parte. Debe producirse un pacto de Estado entre todas las Administraciones para desarrollar una política de vivienda adecuada, ya es una competencia delegada a las CCAA y éstas tienen mucho que decir”.