El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, asegura en su intervención en la ‘Conference on Ageing’, organizada por CEMFI y Georgetown University, además del propio supervisor, que son necesarias más medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.

Ante la aceleración de los cambios demográficos durante el siglo XXI, es necesaria una evaluación «transparente, continua y exhaustiva» de los efectos de las reformas realizadas, sobre todo en su impacto en la equidad intergeneracional.

Este cambio demográfico puede tener profundas repercusiones económicas, con consecuencias incluso para la eficacia de las políticas monetarias y fiscales: «Junto con el impacto del cambio tecnológico y climático es probable que represente el mayor reto al que se enfrenten las políticas económicas y sociales en las próximas décadas», advierte Pablo Hernández de Cos.

A medida que crece la población jubilada y si las prestaciones per cápita se mantienen constantes, las transferencias a través de del sistema público de pensiones aumentarán. Además, cuanto menor sea la proporción de población en edad de trabajar menores serán, en términos relativos, los ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social utilizados para financiar las prestaciones sociales contributivas. Además, a medida que la población envejece y su longevidad aumenta, aumenta la demanda de servicios públicos sanitarios y de cuidados de larga duración.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el gasto total en pensiones en España aumente desde el 13% del PIB actual al 16,2% en 2050. El aumento del gasto sanitario sobre el PIB también aumentará de forma considerable, con un incremento de casi 1,5 puntos en las próximas tres décadas, según las previsiones del último informe de la Comisión Europea.

En la última década, el sistema de pensiones ha sido objeto de una serie de reformas, principalmente encaminadas a aumentar la edad efectiva de jubilación, apuntalar los ingresos de la Seguridad Social e introducir un mecanismo de ajuste automático. Pero «la estimación del impacto que las distintas medidas aprobadas pueden tener sobre los ingresos y gastos del sistema en las próximas décadas está sujeta a mucha incertidumbre», advierte.

Y los distintos cambios legislativos aprobados desde 2021 hacen que el sistema de pensiones español tendrá que asumir, a largo plazo, mayores obligaciones de gasto que no se verán compensadas en su totalidad por los ingresos obtenidos.

Otra incertidumbre es el impacto adverso del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social sobre el empleo, los salarios y la competitividad.

Cambios en las pautas de ahorro

Además, el envejecimiento de la población provocará cambios sustanciales en las pautas de ahorro y las carteras patrimoniales de los hogares, ya que cuanto mayor sea el tamaño relativo de la población de más edad, mayor será la propensión media al consumo y menor la tasa de ahorro.

No obstante, y aunque el efecto del envejecimiento de la población significaría por sí mismo una menor tasa de ahorro a largo plazo, el ahorro agregado tenderá a aumentar durante la transición hacia una sociedad más envejecida debido a las expectativas de mayores necesidades de consumo en el futuro.

Además, tras un periodo de caída en picado de la fecundidad y de gran incertidumbre sobre la cuantía de sus pensiones y su longevidad, es posible que los hogares se sientan menos inclinados a transferir su patrimonio en forma de herencia.

En cuanto a la inversión, algunos factores sugieren que es probable que disminuya a medida que aumente el peso relativo de la población de más edad. Este será el caso, por ejemplo, de la inversión inmobiliaria, dado el menor peso de población joven y la fuerte acumulación de viviendas residenciales durante la primera década de este siglo.

Pablo Hernández de Cos hace hincapié en que los cambios en el ahorro y la inversión tendrán implicaciones para los flujos internacionales de capital, ya que el capital tiende a fluir hacia países con poblaciones relativamente más jóvenes, mayor crecimiento de la productividad y mayor rendimiento del capital.

«En consecuencia, habrá salidas de capital y superávit por cuenta corriente en los países en los que la población envejece más rápidamente, que, en principio, serán los que experimenten descensos más rápidos y acusados del rendimiento del capital y de la productividad», vaticina.

La eficacia de las políticas de estabilización macroeconómica también puede verse afectada por los cambios demográficos. El envejecimiento de la población afecta a una importante referencia para la política monetaria, el llamado «tipo de interés natural», el tipo teórico compatible con el pleno empleo y, por tanto, el que prevalecería en equilibrio en condiciones de estabilidad de precios y brecha de producción nula. «En la medida en que el envejecimiento de la población conduce a un mayor ahorro y a una menor inversión, el envejecimiento de la población reducirá el tipo natural», advierte el gobernador del Banco de España.

Además, el envejecimiento también repercute en los precios relativos de los bienes frente a los servicios, así como en los salarios. Una población de más edad demanda relativamente más servicios, cuyos precios tienden a aumentar más lentamente. Además, en términos relativos, las personas mayores suelen mostrar un comportamiento más antiinflacionista, ya que han acumulado más riqueza y, por tanto, son acreedores netos.

Por lo que respecta a la política fiscal, es probable que el envejecimiento de la población también modifique el volumen y la composición de los ingresos y gastos fiscales. En términos de ingresos, una tendencia a la baja en el tamaño de la población en edad de trabajar y de la tasa de actividad reducirá el peso de las cotizaciones sociales y de los impuestos sobre la renta. Además, dado que la población de más edad tiende a consumir más bienes y servicios que están sujetos a impuestos sobre el consumo más bajos (debido a los subsidios y a la exención del IVA en los servicios públicos), el envejecimiento de la población también puede reducir el tipo impositivo agregado efectivo.

En cuanto a los gastos, la mayor demanda de políticas sociales ejerce una presión extraordinaria sobre presupuestos públicos, sobre todo, aunque no sólo, en forma de programas de pensiones y sanidad.