La patronal Eurocommerce asegura que el plazo de pago a proveedores máximo de 30 días que exigirá el futuro Reglamento de la Comisión Europea supondrá un coste financiero de 150.000 millones y lo tendrán que asumir las pymes. Pero la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) cree que “esto es irreal”.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, explica que “la parte más importante de
este coste corre a cargo de las pymes y autónomos y debe tenerse en cuenta que las
empresas de mayor tamaño son las que peor pagan. Las pymes, en el momento en el que cobren en plazo, no van a necesitar esa financiación, ni financiar su circulante, ni
descontar confirming a 140 días…”.

“Los plazos del confirming nunca están dentro de los 60 días legales”, y que quien tiene acceso a emitir confirming son “las empresas de mayor tamaño, no las pequeñas”. Según la Asociación Española de Factoring, el importe financiado por confirming en 2022 de todos los sectores en España alcanzó los 130.000 millones, lo que supuso el 9,8% del PIB. A esto se suma el hecho de que “las grandes distribuidoras minoristas cobran de sus clientes al contado, generando enormes flujos de caja positivos, que no revierten con la misma rapidez a sus proveedores, generalmente pymes y autónomos”, añade Cañete.

La PMcM recuerda que las medidas antimorosidad que rechaza el sector del retail se están tomando para toda la UE, en EEUU y en otros países occidentales. De forma generalizada, se están buscando medidas adicionales para mejorar los plazos de pago. Los altos niveles de inflación y tipos de interés son un aliciente para empeorar los plazos de pagos a los proveedores. Ante esta situación, el presidente de la PMcM manifiesta que la petición del sector retail es “la mejor prueba de que la legislación española no se está cumpliendo: los proveedores no cobran dentro del plazo máximo legal de 60 días”.

Respecto a las declaraciones de Eurocommerce sobre que no hubo consulta previa para la modificación de la normativa contra la morosidad, la PMcM confirma que sí  hubo una consulta pública. Para Antoni Cañete, “es inadmisible que se viertan
este tipo de acusaciones infundadas, tratando de deslegitimar a una institución que está actuando con total transparencia, y tratar de confundir a la sociedad sobre quién obtiene el beneficio de los largos plazos de pago”.

El nuevo Reglamento europeo, que será de obligado cumplimiento, prevé sancionar a las empresas y Administraciones Públicas morosas, además de fijar un plazo de pago máximo de 30 días. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, se trata de un “hito histórico sin precedentes, por el que hemos estado trabajando de forma permanente; estamos muy orgullosos por haber contribuido significativamente con nuestras propuestas y reivindicaciones, y del que se beneficiarán millones de autónomos y pymes en toda Europa, que son los que más sufren la lacra de la morosidad”.

Para Cañete, las sanciones son “imprescindibles” para reducir los plazos de pago. Tal y como ha venido reivindicando la PMcM desde su creación, “un régimen sancionador es el único camino para acabar definitivamente con la morosidad”.