La Iglesia católica pagará a partir de este sábado 4 de noviembre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), del que estaba exenta hasta ahora, en virtud de una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 3 de noviembre.

Mediante esta norma, se deroga la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001, por la que se aclara la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979. La orden entra en vigor este sábado.

El Acuerdo entre España y el Vaticano sobre Asuntos Económicos de 1979 reconoce la exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio. Cuando se firmó ese acuerdo no existía el ICIO, que fue creado por la Ley reguladora de las Haciendas Locales de 1988.

El Tribunal Supremo, en sentencias de 19 y 31 de marzo de 2001 y 3 de octubre de 2003, estableció que esta exención era de aplicación al impuesto local, dado el carácter real del mismo, y, en consecuencia, así se reguló en la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001, por la que se aclara la inclusión del ICIO en el Acuerdo con la Santa Sede.

Posteriormente, la sentencia del 27 de junio de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a delimitar el alcance y establecer los requisitos para la aplicación de dicha exención en el marco del Derecho comunitario.

El 29 de marzo de 2023 el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española firmaron un acuerdo por el que la Iglesia católica española renunciaba a las exenciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y en las Contribuciones Especiales.

El acuerdo se basa en “la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”.

Con la entrada en vigor de la norma, la Iglesia recibirá en este impuesto “el mismo tratamiento” que cualquier institución sin fines de lucro, dando certeza jurídica a los municipios, que recaudarán así 16 millones€ anuales adicionales.