La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María José Montero, asegura que los impuestos a la banca y empresas energéticas han recaudado 2.900 millones€ este año, en línea con lo proyectado por el Gobierno, que había calculado unos 3.000 millones.

En el segundo pago de ambos gravámenes, efectuado en septiembre, alcanzó los 1.453 millones, cifra muy similar a la del primer pago, realizado en febrero. De esta cantidad, 827 millones correspondieron al impuesto a las energéticas y 626 millones al de la banca.

Montero, en declaraciones a la cadena SER, señala que los beneficios “realmente cuantiosos” conocidos hoy “de una entidad financiera”, en referencia al Banco Santander, demuestran el acierto del impuesto a la banca.

La ministra está convencida de que el Gobierno ganará los recursos que se han presentado contra estas tasas que, según consta en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, se prorrogarán tras revisarlas por si necesitan “algún ajuste”.

“Los evaluaremos y si necesitan algo para un mayor rendimiento, también lo haremos. Antes de que se termine su vigencia revisaremos ambas figuras y las prorrogaremos incorporando todos los elementos que permitan que sean más seguras o más robustas”, explica.

Actualmente, el impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen más de 800 millones en 2019, y el tributo afecta a la actividad que las entidades desarrollen en España.

Por su parte, el tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

Ambos gravámenes fueron adoptados de forma temporal, para su liquidación en 2023 y 2024 sobre los ingresos obtenidos en 2022 y en 2023 por la banca (vía comisiones) y por las empresas energéticas.

Empresas como Repsol, Banco Sabadell, Bankinter y Kutxabank, han presentado recursos ante la Audiencia Nacional contra estos tributos, pero el tribunal ya ha rechazado adoptar las medidas cautelares sobre los mismos.

“Nosotros siempre que legislamos lo hacemos desde la seguridad jurídica y, por supuesto, pensamos que aquellos recursos interesados que se han puesto sobre estas figuras fiscales los vamos a ganar”, insiste María Jesús Montero.

La imposición de estos gravámenes no quita, según Montero, que los bancos y las empresas energéticas sigan presentando unas cuentas de resultados muy abultadas: “Parece que hemos acertado en el sector que mejor puede aportar para que permita unos mejores servicios públicos, por ejemplo, o acompañar las medidas de Ucrania, como se hizo con motivo de esta recaudación”.