Las últimas elecciones generales en España nos han traído un escenario de
incertidumbre en cuanto a la formación de un nuevo gobierno. Al lado de esto,
y ahora centrados en la gestión del mercado de trabajo y el empleo, bien
podemos afirmar que las propuestas defendidas por PP y PSOE en esta
materia nos sitúan en el terreno de la inconcreción. Con la gobernabilidad del
país todavía en liza –y quién sabe si enfrentados a la eventualidad de una
nueva convocatoria electoral a principios del próximo año–, creemos que vale
la pena dedicar una reflexión a ello.

Una de estas las mentadas formaciones concurrió al 23J con el siguiente
planteamiento: reforma de las políticas activas de empleo incrementando la
relación entre sus gestores y el tejido empresarial; revisión (también
actualización) del SMI en el contexto del diálogo social; mejora de las
condiciones de acceso al IMV y la de su efectividad como herramienta de
inserción laboral; empuje a las medidas que fomenten la contratación y la
inserción laboral de los jóvenes; puesta en marcha de medidas que posibiliten
la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones; dotación de nuevas
herramientas de flexibilidad a los trabajadores mediante cuentas individuales
que puedan usar como elemento de apoyo ante las contingencias de su vida
laboral; promoción y apoyo al trabajo autónomo facilitando su sostenibilidad
financiera y buscando la mejora de sus condiciones laborales y de cobertura
social; y diseño de un plan para favorecer la conciliación familiar y la flexibilidad
en el horario de trabajo al objeto de mitigar el desempleo femenino.

En nuestra opinión, las indicadas constituyen unas medidas tan genéricas que
bien podrían formar parte de las propuestas abanderadas por la otra gran
opción política con aspiraciones reales de gobernar. Ésta defiende una serie de
formulaciones que, si bien pueden parecer más concretas, no dejan de ser un
nuevo catálogo de criterios generales desprovistos de detalles sobre su
implementación. Veámoslas: pacto por el pleno empleo que acelere el círculo
vicioso entre formación y colocación y que aproveche el impulso de la inversión
en fondos europeos; acciones al objeto de alinear los niveles del desempleo al
8% de carácter estructural en línea con la media europea; integración de los
sistemas de gestión del sistema público de empleo y el de la Seguridad Social
para mejorar los mecanismos de ajuste entre oferta y demanda de empleo;
instauración de un sistema integrado de información y de IA que consienta la
alineación de las vacantes con los perfiles profesionales de los desempleados;
impulso a las iniciativas tendentes a facilitar la contratación de jóvenes y la
recualificación del talento senior; incremento de las opciones y de la oferta de
FP con atención especial a las necesidades de las pymes; estímulo del diálogo
social como pieza central de la gobernanza de las relaciones laborales; y
revisión y reforma de los sistemas de protección activa para el colectivo de
desempleados de larga duración.

Sin duda, lo decíamos antes, intenciones genéricas, además de homologables
e intercambiables, destinadas a abordar alguno de los déficits estructurales más relevantes de nuestro mercado de trabajo, pero carentes de medidas
concretas sobre las acciones precisas a realizar.

Y además de constatar que no hay ninguna referencia a la revisión y/o
modificación de los cambios introducidos por la reforma laboral impulsada por
el Gobierno de Pedro Sánchez en la XIV legislatura y aprobada –por un voto
formalmente equivocado– en el Congreso de los Diputados, recalcar que sería
un error desaprovechar la oportunidad que aquí supone la presencia de los
Fondos Next Generation y desperdiciar las herramientas tecnológicas
disponibles para mejorar los niveles de eficacia y eficiencia y evaluar los
resultados logrados.

En la cuestión que aquí nos compete no se trata solo de lo que hay que hacer
sino de cómo realizarlo. Y es en este punto, en las acciones concretas que no
se detallan, donde podrían darse las verdaderas diferencias conceptuales e
ideológicas entre las dos formaciones políticas. Para visibilizarlo, un solo
ejemplo centrado en la última de las propuestas del listado previo: estamos
convencidos que sí que es posible que surjan grandes diferencias en cómo
articular los sistemas de protección activa para un colectivo como el de los
desempleados de larga duración que representa casi la mitad del desempleo
existente en España.

Ante todo lo expuesto y con vocación constructiva, nos atrevemos a esbozar
una retahíla de medidas que

• i) son de sencilla implantación,
• ii) no exigen grandes reformas legislativas,
• iii) tendrían un impacto real inmediato,
• iv) permitirían su evaluación en el corto plazo
• y v) podrían aplicarse de forma pronta y sin grandes costes en su puesta en marcha:
  • nueva regulación legal para prácticas laborales, contratos formativos y colectivos en riesgo de exclusión;
  • creación de modelos de datos y algoritmos basados en la IA que
    faciliten la eficiencia en la gestión; impulso de una herramienta de integración de datos que incorpore funcionalidades de gestión, trazabilidad y evaluación;
  • definición de una estrategia que posibilite la implantación del modelo de
    formación dual en los entornos educativos; potenciación de un ecosistema que facilite la relación y colaboración entre los gestores privados y públicos; y, en fin, consolidación de la función y el perfil competencial de los y las orientadores laborales, entre otras.

Sea como fuere, estaremos ojo avizor a las novedades que respecto al mercado de trabajo y el empleo nos pueda presentar el próximo gobierno.

Josep Puigvert, presidente de la Fundación Ergon, y Pau Hortal, vicepresidente