El equipo fundador de la legaltech Cartel.es: Gonzalo García R. de Diego, Wilhelm Mayer y Paul McCaughey.

«España ha sido arrasada por la operativa de múltiples cárteles empresariales. Estos acuerdos secretos entre empresas del mismo sector no solo han ensombrecido la libre competencia y generado un gran impacto negativo en la economía nacional, sino que han perjudicado directamente el bolsillo y la calidad de vida de una gran parte de la población», afirman en Cartel.es, denominación comercial de LegalTech Ventures S.L.

Esta empresa, fundada en Marbella (Málaga) en 2022 por Paul McCaughey, Gonzalo R. Garcia de Diego y Wilhelm Mayer con el objetivo de ayudar a las empresas y particulares afectados por el Cártel de Coches, ha contribuido a que más de 20.000 personas en España obtengan sus indemnizaciones.

El Cártel de Coches intervino entre 2006 y 2013 pactando una estrategia común para fijar el precio de venta de los automóviles. Los 25 principales fabricantes y distribuidores del sector se embolsaron 27.000 millones€ a costa de más de 9 millones de personas durante los años en que actuó. «La ridícula multa impuesta ascendió a un total de 117 millones», subrayan en Cartel.es

Gonzalo García de Diego, co-CEO de Cartel.es, explica que “el ‘Cártel de Coches’ no fue un cartel al uso ya que, no fue un simple acuerdo entre competidores para la fijación de los precios, el reparto de territorios o clientes; sino que consistió en un intercambio de información comercial sensible sobre la estrategia de la distribución comercial, los resultados de las marcas y la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios”.

Por ello, las últimas sentencias en la Comunidad Valenciana, Cataluña o País Vasco,
entre otras, no solo han impuesto indemnizaciones de entre el 5% y el 12,5% en la
valoración de los daños e imposición de intereses, sino también aplican las costas de los procesos judiciales a las empresas demandadas.

«Lamentablemente, año tras año continuamos viendo la irresponsabilidad de las
empresas implicadas y, más aún, cómo estas prácticas se extienden a otros sectores», insisten en LegatTech Ventures SL, que mencionan otros ejemplos de conspiraciones corporativas previas al ‘Cártel de Coches’:

 ‘Cartel de los Pañales’ (1996-2014): influyó en los precios de los pañales
financiados por la Seguridad Social de venta en farmacias y pacientes no
hospitalizados. En este caso, los principales afectados durante esos 18 años
fueron las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios daban servicio a más de 2,5 millones de personas. La multa que se les impuso ascendió a 128,8 millones€.
 ‘Cartel de Camiones’ (1997-2011): infló los precios de camiones de medio y alto tonelaje, afectando la compra de más de 300.000 camiones en España durante su operativa. La Comisión Europea impuso una sanción de 3.600 millones.
 ‘Cartel de la Leche’ (2000-2013): coordinó estrategias comerciales a expensas de más de 50.000 ganaderos. Estas empresas y asociaciones fueron también penalizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con 80,6 millones€.

“Aunque es incalculable el número de personas damnificadas por los carteles
empresariales en España y el sobrecoste que recaudaron, lo que está claro es que las
sanciones impuestas son irrisorias y todavía hoy en día continuamos viendo el impacto
que han generado en nuestra economía”, señalan desde Cartel.es.

Se puede estimar el impacto económico que generaron estas empresas en España a partir de las sanciones económicas impuestas, que suman más de 3.925
millones de euros.

En el caso de las reclamaciones de los afectados por el ‘Cartel de Coches’, podrán
presentarse hasta abril de 2026 según el fallo del Tribunal General de la Unión Europea. Hasta la fecha, menos del 2% de los damnificados han iniciado los trámites. “Es imperativo que tanto consumidores como empresas reclamen. Las sanciones deben tener una condición ejemplarizante y la única forma que existe ahora mismo para ello es que los afectados reclamen el dinero que les robaron”, recalca García de Diego.