Los sindicatos han redoblado su presión para el despido suba de precio en la próxima legislatura. Después de su encuentro con Sánchez, en el que los sindicatos instaron al presidente en funciones a asumir esta idea, hoy el líder de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha reclamado cambiar la legislación a fin de que los empresarios se lo piensen dos veces antes de dejar en la calle a los trabajadores, especialmente en el caso de los despidos improcedentes o injustos.

Los sindicatos han logrado convencer ya a una parte de la coalición de Gobierno que aspira a renovar su mandato. Y ven en el líder socialista Pedro Sánchez una “convicción clara” de que la agenda social protagonice el pacto de Gobierno, en caso de que PSOE y Sumar obtengan la confianza de los diputados, y Pedro Sánchez salga reelegido.

Básicamente los sindicatos desean elevar la indemnización por despido, en el caso de los despidos improcedentes, hasta el punto de que cumpla una doble función; por un lado, compensar a los trabajadores despedidos; y por otro disuadir a los empresarios de utilizar la extinción de contratos como mecanismo de ajuste.

Tanto UGT como CCOO han presentado sendas denuncias ante el Comité Europeo de Derechos, culpando a España de incumplir la obligación de proteger a los trabajadores ante despidos injustos, y reclamando que se endurezca la legislación al respecto.

Las propuestas de cada sindicato, sin embargo, difieren. CCOO habla de una indemnización mínima, que mitigue la escasa cuantía que reciben los trabajadores con poca antigüedad cuando son despedidos, y que actualmente se calcula únicamente en función de los años de servicio.

En su lugar, los de Comisiones abogan, no solo por este umbral mínimo indemnizatorio, sino por recuperar algunas figuras apartadas de nuestro ordenamiento, como los salario de tramitación, que obligaban a los empresarios a pagar al trabajador despedido los salarios no percibidos desde el momento del despido, en caso de que el juez dicte injusto dicho despido; y que hoy solo se mantienen en caso de despido nulo.

Además, Comisiones desea que sea el juez quien decida, en caso de despido injusto, si el trabajador debe volver a la empresa; y no el empresario, como ahora.

“El viejo mecanismo del uso recurrente del despido en las empresas españolas explica buena parte de los problemas de nuestro modelo laboral y yo creo que esto habría que corregirlo”, ha dicho hoy martes el líder de CCOO, Unai Sordo, en su batalla por elevar la factura del despido en España.

Denuncias ante el Comité Europeo de Derechos Sociales

Por su parte, UGT, en su denuncia ante el citado Comité, aboga por un mecanismo diferente, como es el de calcular la indemnización por despido, no solo en función de los años de servicio como hasta ahora, sino también teniendo en cuenta las características personales del trabajador despedido, y en particular su presunta dificultad a la hora de encontrar una nueva ocupación.

Un criterio que debería incluir variables como la edad o el nivel de estudios, según reclaman los de UGT, en el cálculo de la indemnización por despido.

Sin embargo, el Gobierno, en su respuesta al citado Comité Europeo de Derechos Sociales, rechaza la aspiración de los ‘ugetistas’ y, después de afirmar que el despido en España ya cumple con esa doble función disuasoria para los empresarios y reparadora para los trabajadores, ha alegado que la idea de UGT pone patas arriba el mercado de trabajo y en realidad perjudica a quienes dice defender.

Según el Gobierno, si se aceptara esta indemnización ‘a la carta’ en función de criterios como la edad o el nivel de estudios, los empresarios lo tendrían muy en cuenta, y evitarían contratar a estos trabajadores, en la idea de que, cuando tengan que despedirlos, sus indemnizaciones resultarán mucho más caras y por tanto dañinas para sus empresas.

Para Pepe Álvarez, el líder de UGT, el Gobierno deberá abordar este asunto, si no es voluntariamente, obligado cuando el citado comité falle en respuesta a las denuncias presentadas por los sindicatos españoles, que demandan cambios en la legislación del despido.

Por su parte, la vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno, ministra de Trabajo en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asumido las tesis de los sindicatos, y se ha mostrado a favor, no solo de retocar la legislación sobre el despido, sino también de reducir la jornada laboral por ley, y de idear un mecanismo automático de ajuste del salario mínimo interprofesional (SMI) que asegure una correlación entre el salario medio y la renta mínima del trabajo; entre otras cuestiones que se incluirían en un nuevo Estatuto de los Trabajadores “para el siglo XXI”, ha defendido.