Gerard Duelo, presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, rescribe una carta abierta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: “La inversión en vivienda debería ser de 8.000 millones€ anuales, no de 1.000 millones”

“Necesitamos presupuestos estatales que respalden los Planes de Vivienda y las leyes que se promulgan. Sin incluir los fondos europeos ‘Next Generation’, el esfuerzo presupuestario anual es de tan solo 1.000 millones. En la línea de los países de nuestro entorno, la inversión del Estado debería ser de un 0,6% sobre el PIB, es decir, de 8.000 millones”.

Duelo señala que “disponer tan solo del 1,5% de vivienda de protección oficial, cuando la media europea (UE-28) es del 9,3%, es lamentable”. Países como Holanda, con gobiernos conservadores, superan el 30% en vivienda de promoción pública. De media, 13 comunidades autónomas españolas, año tras año, no han impulsado ni construido ni una sola vivienda de protección oficial (VPO) destinada al alquiler.

El presidente del colectivo de agentes inmobiliarios lamenta que la nueva Ley de Vivienda haya sido “una argucia legislativa que, como ocurrió con la Ley de Educación, corre todo el peligro de convertirse en un juego político entre partidos que puede mutar de legislatura en legislatura”.

Recuerda que la actividad generada por el colectivo profesional de agentes inmobiliarios de España  forma parte de un sector que colabora con casi un 20% del PIB nacional y en la provisión de un bien fundamental para los ciudadanos: la vivienda.

«Es obvio que la grave situación que sufre el sector de la vivienda es consecuencia de políticas no implementadas o erróneas durante muchas décadas atrás. Las políticas en materia de vivienda deben planificarse a 15 o 20 años, y no basarse en medidas cortoplacistas, generalmente limitadas a los intereses más inmediatos de quien gobierna», subraya.

“Se requiere un gran pacto de Estado para resolver el grave problema de la vivienda. Se deben poner en marcha tanto políticas de promoción de vivienda asequible y social como de transformación y activación del suelo público, cuestiones que la nueva Ley ni incentiva ni aborda suficientemente. Sin este pacto de Estado no habrá sólidas alianzas público-privadas, indispensables para construir esos mínimos necesarios para evitar que las generaciones venideras se vean abocadas a retrasar aún más su emancipación o, incluso, se vean en situaciones de extrema precariedad”, argumenta.

El presidente del Coapi insiste en el efecto negativo de la Ley de Vivienda para la ciudadanía y su acceso al mercado inmobiliario en cuestiones como la limitación del precio del alquiler, los cambios en la definición de gran tenedor, la desregulación de la profesión inmobiliaria, la inseguridad e inestabilidad jurídica que vive el sector, la falta herramientas jurídicas para solucionar el problema de la ocupación ilegal de viviendas y el retraso español en el objetivo europeo de eficiencia energética para el 2033.