Montesquieu ha muerto. La frase que se atribuye a Alfonso Guerra y que él dice nunca
dijo, cobra hoy plena vigencia en este cambalache – acuerdo o intercambio entre dos o
más partes alcanzado de forma poco transparente, en definición de la Academia- entre la sociedad Sánchez&Yolanda y Cia y los independentistas con el fugado de la Justicia
Carles Puigdemont para dar forma a una amnistía para los golpistas catalanes del otoño de 2017 que, en el fondo, lo que persigue es la demolición de la democracia española y del sistema constitucional surgido de la Transición.

Como han explicado hasta la saciedad prestigiosos juristas y catedráticos de derecho
constitucional la Amnistía no sólo no se contempla en nuestra Carta Magna, sino que tal que como defendiera el que fuera ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy
miembro del Tribunal Constitucional designado por Sánchez y a las órdenes de
Sánchez, supone un ejercicio de olvido inaceptable.

Eso, con el agravante de que los para hacerla efectiva, con su nombre o camuflada como alivio penal, se pretende tramitarla como proposición de ley, eludiendo así los
preceptivos informes del Consejo de Estado y de los órganos constitucionales, lo que
supondría, de facto, anular el ejercicio de la potestad jurisdiccional que compete
exclusivamente a los tribunales legitimados por las leyes. En otras palabras, que la
separación de poderes del filósofo y jurista francés y principio político esencial de las
democracias queda muerta y enterrada para someter el valor de las leyes no al que
decide la justicia, sino al interés de una mayoría coyuntural de políticos, al más puro
estilo de las dictaduras.

Pero las exigencias de los independentistas, que el sanchismo está dispuesto a aceptar, no sólo plantean eliminar las causas penales, administrativas y contables de los golpistas, sino que entre los flecos pendientes del procés en la negociación de la
investidura de Pedro Sánchez  existen también cuestiones de importante trascendencia
económica como los 3,1 millones de euros que se reclaman a  Carles Puigdemont y a
cada uno de los más de treinta ex altos cargos de la Generalitat por desvío de fondos
para los gastos del 1-O y de la acción exterior dentro de la frustrada declaración de
independencia. No olvidemos que si el delito de sedición fue suprimido por Sánchez a
voluntad de Junts y de ERC, la malversación, aunque rebajada, continúa vigente.

El independentismo espera, además, recuperar con la amnistía 17 millones de euros
correspondientes a las fianzas depositadas en las diversas causas abiertas por la Justicia contra los independentistas, e incluir dentro de la amnistía a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borrás, condenada a cuatro años y medio de cárcel, a 13 de inhabilitación y al pago de una multa de 36.000 euros, no por su implicación en la intentona golpista, sino por falsedad en documento oficial y prevaricación por adjudicar contratos a dedo a un informático con el mantenía una relación de confianza.

Añadido a todo esto el perdón total de los 72.000 millones de euros de la deuda de
Cataluña con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que de
consumarse supondría una flagrante discriminación con el resto de las autonomías,
vulnerando el principio constitucional de igualdad entre los españoles. Con el colofón
del filibusterismo parlamentario del PSOE, cediendo diputados a Junts y ERC para que
puedan formar el grupo parlamentario que no han conseguido con el resultado de las
urnas. Según el régimen económico del Congreso actualizado en junio, la subvención
por grupo es de 30.346,72 euros mensuales, además de una variable de 1.746,16 euros mensuales por cada diputado. Como disponen de 7 diputados cada uno, ERC y Junts, percibirán 42.569,84 euros al mes, si es que finalmente consiguen tener grupo propio.

Parodiando ese aforismo popular que se atribuye a los comerciantes italianos que
negociaban en Barcelona sólo queda concluir que la amnistía es bona si la bossa sona.

Y en este caso suena demasiado para los de siempre con el consentimiento y la
complicidad de los diputados socialistas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y
el resto de comunidades españolas, que por su falta de coraje y sumisión a las
ambiciones de su jefe están traicionando a los ciudadanos de su regiones respectivas y, sobre todo, traicionando a España.