La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha tenido acceso al documento que la Comisión Europea remitirá al Parlamento para someterlo a aprobación, en el que propone medidas para frenar la morosidad en las relaciones
comerciales y fomentar así la liquidez de las empresas.

Se trata de un Reglamento que sustituirá a la Directiva Europea sobre Morosidad, por lo que tendrá un carácter inmediato y directamente aplicable a cada Estado miembro.

La principal medida consiste en que las empresas tengan que pagar a un máximo de 30 días, en vez de a 60 como estaba contemplado hasta ahora en la Directiva.

El nuevo Reglamento es fruto de la revisión que la Comisión Europea ha realizado de la Directiva. “Estamos muy orgullosos de haber sido uno de los grandes impulsores de la norma que reducirá los pagos en el sector privado en toda Europa, beneficiando
a pymes y autónomos, que son los que más sufren las consecuencias de la morosidad”, afirma el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete.

La morosidad en el pago de facturas representa “un problema sistémico para la
economía de la UE, afectando a empresas de todos los sectores y de todos los estados miembro, y de manera desproporcionadamente grave a las pymes, que dependen de flujos de efectivo regulares y previsibles. Por todo ello, el anuncio del Reglamento es una noticia de gran calado para la economía europea al completo”.

A principios de julio, la PMcM, junto a PIMEC, celebraron un acto en el Consejo Económico Social y Europeo, en Bruselas, en el que se reunieron con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. A esto se suma que durante los últimos meses “hemos estado en contacto con miembros de la Comisión Europea aportando documentación y recomendaciones para dar forma a esta futura norma tan necesaria para nuestras pymes y autónomos”, explica Cañete.

Intereses a cargo del deudor y mediación, entre las nuevas medidas

La morosidad obstaculiza la competitividad, aumenta la incertidumbre y, en el caso de la contratación pública, reduce la participación de las pymes. En cualquier empresa afectada aumentan las necesidades de capital circulante, incrementan los costes debido al tiempo invertido en molestar a los deudores y aumentan los costes de financiación. Además, la lacra de la morosidad impone una “presión desproporcionada a las pymes”, denuncia Antoni Cañete.

“Con esta propuesta de la Comisión Europea de sustituir la Directiva por un Reglamento, las pymes y autónomos están de enhorabuena, porque este formato da más rapidez y brinda de herramientas reales para luchar contra la morosidad”, añade.

El Reglamento hará que el pago de tasas compensatorias e intereses sea legalmente automático en caso de morosidad. Además, facilitará a las empresas hacer valer sus derechos reduciendo la carga y facilitando el acceso a una reparación efectiva a través de la mediación.

“Los litigios resueltos a través de la mediación suponen costes mucho menores que los procedimientos judiciales”, destaca el presidente de la Plataforma.

En líneas generales, el reglamento promoverá el principio de pensar primero a pequeña escala, en las pymes y autónomos. En este sentido, la Comisión Europea ha asegurado que seguirá mejorando sus procesos de mejora de la legislación, incluida la visibilidad de sus actividades de mejora de la legislación relacionadas con las pymes y la competitividad, para garantizar que la legislación y las políticas de la UE funcionen mejor para las pymes.