La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, afirma que el Gobierno tiene el «máximo respeto» por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que da la propiedad de la siderúrgica Celsa a los fondos que controlan su deuda, y ejecutará la resolución sin dejar de velar por los intereses estratégicos de España.
La sentencia acuerda la homologación del plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, por lo que estos serán accionistas de la compañía en sustitución de los actuales propietarios, la familia Rubiralta. Entiende que el procedimiento reúne todos los requisitos legales, dado que el importe de la deuda (3.988 millones) es muy superior al valor de la compañía (entre 2.400 y 2.775 millones) y que, con la propuesta de los acreedores se asegura la viabilidad del Grupo.
«Veremos cómo se tienen que aplicar los instrumentos que tenemos, pensando siempre en el interés general de nuestro país, en la protección de los empleos y en la protección de esta importante capacidad industrial en España», explica Nadia Calviño. Pero la vicepresidenta es muy clara: «como ocurre en todo el resto de las operaciones» el Gobierno actuará en defensa y protección de los intereses estratégicos de España».
En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclama al Gobierno que revise el proceso de reestructuración de la siderúrgica Celsa después de que el juez haya avalado el plan presentado por los acreedores, concediéndoles el control total de la empresa en detrimento de sus fundadores, la familia Rubiralta.
Como sindicato mayoritario en Celsa, pidió al juez audiencia para defender los intereses de los trabajadores en el proceso: «El juzgado se despachó diciéndonos que no nos daba audiencia y que no nos dejaba entrar como parte porque no teníamos intereses. Pero vaya que sí tenemos intereses. Cuando una empresa entra en estas condiciones hay un interés fundamental que es el de los trabajadores, incluso aunque sólo sea para proteger su derecho a la indemnización en el supuesto de que se disuelva la empresa».
Esta operación de reestructuración necesita ser revisada, y analizarse las consecuencias de dejar la compañía en manos de los fondos acreedores. «Nos parece que los intereses que hay que preservar son los intereses del tejido productivo, de los trabajadores», insiste.
«Se han comprometido a mantener un nivel óptimo de interlocución con USO para explicar el Plan Industrial, prioritario para garantizar la viabilidad de todos los centros productivos y el empleo», destacan en el sindicato.
Además, según USO, los acreedores han explicado al sindicato que han abierto un proceso en el que esperan «la máxima colaboración de todas las partes, incluida la de la antigua propiedad» para conseguir estabilidad lo antes posible.
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