Cuando en la madrugada del 25 de marzo de 2023, los legisladores europeos, tras 15 meses de interminables negociaciones, lograron acordar las nuevas reglas para frenar el dominio de las grandes empresas tecnológicas, las BigTech, mediante la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), en EEEU faltó tiempo para enviar a Bruselas un mensaje de preocupación respecto a que la nueva norma se aplicara de manera desproporcionada a las empresas estadounidenses.
Curiosamente, ese mensaje a Bruselas se producía en plenos trabajos del Gobierno de Joe Biden para elaborar leyes que recorten el poder de los gigantes tecnológicos.
La Comisión Europea respondía, indirectamente y sin citar nunca a EEUU, defendiendo la DMA. «Lo que queremos es simple: mercados justos también en lo digital. Y ahora estamos dando un gran paso adelante para llegar ahí: que los mercados sean justos, abiertos y competitivos», asegura la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión, Margrethe Vestager. Las BigTech, también conocidas como ‘guardianas o controladoras de la Red’ por su impresionante control sobre los ecosistemas digitales, «tendrán que cumplir ahora un conjunto bien definido de obligaciones y prohibiciones, que blindará condiciones más justas a los consumidores y las empresas para muchos servicios digitales en toda la UE».
El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, destacaba entonces que «ninguna empresa en el mundo podrá hacer la vista gorda ante la perspectiva de una multa de hasta el 20% de su facturación global si infringe las reglas repetidamente«. Las sanciones por infringir la ley puede ser de hasta el 10% del volumen de negocio mundial anual en el caso de las primeras infracciones.
La Ley de Mercados Digitales establece nuevas reglas para las empresas tecnológicas, especialmente para aquellas que son consideradas como controladoras o ‘gatekeepers’ del mercado, por las que deben asumir una serie de obligaciones y prohibiciones que garanticen la competencia justa en el sector digital. Deben compartir sus datos, incluir enlaces en sus servicios que lleven a los usuarios a otros competidores del sector y hacer que sus servicios sean interoperables con otras aplicaciones de empresas rivales.
Para que una empresa dentro del mercado digital pueda incluirse en el ámbito de aplicación de la norma, debe tener una facturación superior a los 7.500 millones€ de volumen de negocios anual, una capitalización bursátil superior a 75.000 millones y, al menos, 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea.
Ya con la DMA en vigor, EEUU y sus multinacionales más afectadas, buscan cómo suavizar la aplicación de esta norma. Así, Microsoft pide que esa legislación no se aplique al buscador Bing. Con argumentos muy similares, que no es un servicios suficientemente masivo,. Apple reclama que IMessage quede fuera de la DMA. Pero el servicio de mensajes de iPhone tiene más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo.
Además, Microsoft rechaza que Bing tenga que cumplir las mismas obligaciones que Google Search, cuando su cuota de mercado es muy inferior (3%). En juego está ofrecer o no a los usuarios de Bing enlaces a otros motores de búsqueda, entre ellos el de Google.
En el caso de Apple, no quiere tener que abrir el servicio de mensajería del iPhone a competidores, especialmente al WhatsApp de Meta.
El momento elegido para esas actuaciones no es una casualidad. La Comisión Europea tiene previsto designar mañana, 6 de septiembre, a las empresas ‘guardianas de la Red’, que tendrán seis meses como máximo para adaptarse a la DMA. Esto alarga el proceso hasta marzo de 2024.
Pero la gran impulsora de la DMA, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrete Vestager, anuncia que deja temporalmente el cargo, ya que opta a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Competirá para el puesto con Nadia Calviño, vicepresidenta primero del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y con el exministro italiano de Finanzas, Daniele Franco.
La Comisión Europea ha decidido que, mientras el Ecofin toma la decisión sobre la presidencia del BEI, a Vestager la relevarán el comisario de Justicia Didier Reynders (que se encargará de la cartera de Competencia) y la vicepresidenta Věra Jourová (en la dirección y coordinación de los trabajos de Una Europa adaptada a la era digital).
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